El botín que extrae Junts del Gobierno: garantizar la amnistía y reformar la ley para forzar a que vuelvan las empresas a Cataluña

Junts ha reculado finalmente y ha facilitado de forma pasiva la aprobación de dos de los tres decretos que tenía que aprobar el Gobierno este miércoles en un Pleno en el Congreso. Los posconvergentes no han votado, evitando el rechazo de las medidas, tal y como habían asegurado que iban a hacer, y ese movimiento de última hora ha sido gracias a las cesiones que han logrado del Gobierno, según ha informado Junts en un comunicado. En cambio, el Gobierno no ha emitido ninguna declaración pública para confirmar lo que ha expresado Junts y fuentes de Moncloa rebajan esas cesiones que han desgranado los posconvergentes a negociaciones que se tienen que abrir a partir de ahora.

El partido de Carles Puigdemont había mostrado dudas con el decreto 6/2023 porque incluía una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un artículo 43bis que regula la cuestión prejudicial europea. Con la cuestión prejudicial europea, los jueces pueden elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dejar en suspenso la ejecución de la amnistía, algo que hacía temer a Junts: por ello, en el acuerdo al que han llegado los posconvergentes y el Gobierno, figura la supresión de ese artículo 43bis porque "amenaza la viabilidad de la futura ley de amnistía".

Asimismo, el acuerdo incluye una reforma de la Ley de Sociedades de Capital: Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha hecho referencia al artículo 9 y 10 para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña. De esa manera, la intención es que las sedes de las empresas vuelvan al lugar donde realizan mayoritariamente su actividad, como ocurre en el caso de muchas de ellas.

También se incorpora el traspaso de competencia en materia de inmigración a Cataluña en un momento en que alcaldes de Junts están están pidiendo endureciendo el discurso contra la inmigración por los problemas de convivencia que están teniendo que gestionar en sus municipios y, sobre todo, por la amenaza de la extrema derecha independentista, que le está comiendo terreno.

Además, en el acuerdo aparece la publicación inmediata de las balanzas fiscales: es decir, calcular la diferencia sobre cuántos impuestos recaudados en Cataluña se utilizan para financiar servicios del Estado y cuánto gasto del Estado se produce en Cataluña. Los independentistas señalan que son 22.000 millones de euros anuales, aunque hay muchas estimaciones que rebaten esa cifra y lo estiman en números mucho menores (el propio Josep Borrell, en un libro, lo situó en menos de 800 millones de euros).

También hay dinero por medio: se multiplican por cinco los recursos económicos previstos para la digitalización de la administración de Justicia (pasa de 1,2 millones a 6,2 millones de euros) y el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Asimismo, el IVA del aceite baja al 0%.