Las cesiones de Sánchez: del terrorismo y la traición a las multas

El PSOE culminó ayer una serie de cesiones al mundo independentista confiado en que los últimos pasos sirvan como garantía para continuar gobernando. En Moncloa repiten que el pacto para la ley de amnistía «encarrila» la legislatura, a la cual le ponen la fecha de tres años y medio. El Ejecutivo detecta «voluntad» de los grupos parlamentarios para seguir adelante, aunque sus mismos socios hayan frenado ya su euforia.

Para atar ayer el Gobierno el «sí» de Junts a la amnistía –y de facto a la viabilidad de la legislatura–, el principal partido en Moncloa ha tenido que desdecirse en varias ocasiones en una negociación agónica. Justo hace un mes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se negó en rotundo a hacer cambios en la ley de amnistía tras el revés en el Pleno del 30 de enero, en el que Junts votó en contra y forzó que la medida de gracia regresara a la Comisión de Justicia del Congreso. Sin embargo, el miércoles –a 24 horas de la votación– el líder del PSOE cayó en su propia contradicción y admitió modificaciones para garantizar el voto de Junts ante sus dudas de que Carles Puigdemont pudiera quedarse fuera de la protección de la ley de amnistía. El PSOE consumó ayer sus cesiones a través de cuatro enmiendas pactadas con ERC y Junts que afectan al preámbulo y a los artículos 1, 2 y 7.

El primer cambio destacable de la ley corresponde al artículo 1, ya que se amplía el espacio temporal de aplicación de la norma: si hasta ahora iba de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023, ahora irá de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023. De esta manera, el plazo temporal de aplicación de la amnistía se amplía dos meses.

El segundo cambio corresponde al artículo 2, que recoge los delitos que quedan excluidos de la aplicación de la amnistía. En este sentido, en el apartado b se introducen matices a «los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales» ya que quedan fuera de ese precepto «aquellos tratos que no superen un umbral mínimo de gravedad por no resultar idóneos para humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de la dignidad humana, o para provocar miedo».

El tercer cambio también corresponde al artículo 2 y está vinculado al terrorismo. Con el nuevo redactado, se suprime la referencia del Código Penal español y solo quedan recogidos los «actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo» según el Derecho europeo (Directiva 2017/541) y siempre y cuando «hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos», haciendo referencia a la tortura y la muerte.

El cuarto cambio hace referencia al delito de traición, en el artículo 2, también. Hasta ahora, quedaban excluidos de la amnistía «los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal». Sin embargo, tras la enmienda pactada entre PSOE, ERC y Junts, el precepto añade la coletilla de que todo delito de traición quedará excluido siempre y cuando no se haya producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España en los términos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas».

Finalmente, el quinto cambio destacable está en el artículo 7 y abre la puerta a la devolución de las multas impuestas con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana (salvo para las infracciones muy graves).

Europa

Lo cierto es que, de los cinco principales cambios, hay dos que cobran más fuerza que ninguno: los delitos de terrorismo y de traición, ya que, en ambos casos, el punto de mira está puesto en Europa porque puede acabar pronunciándose en contra. En este sentido, sobre el terrorismo, ahora queda todo en manos del Derecho de la Unión Europea ya que la ley se acoge a una Directiva para interpretar qué causas judiciales quedan amnistiadas. Ahí, muy probablemente, los jueces españoles presentarán una cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie.

Con la traición, el objetivo es amnistiar a los implicados en el «caso Voloh», que investiga las relaciones entre el independentismo y Rusia, algo muy sensible en la Unión Europea en medio del desafío de Vladímir Putin. De hecho, una resolución del Parlamento Europeo aprobada hace un mes con una mayoría rotunda pedía hacer una investigación a nivel europeo y a nivel nacional sobre los vínculos entre Carles Puigdemont y exespías rusos en el «procés».

Comisión de Venecia

El PSOE ha aprovechado el informe preliminar de la Comisión de Venecia para dar entender que el órgano del Consejo de Europa ha dado un aval a la amnistía. El PP, a través del Senado, tramitó una solicitud para que la Comisión de Venecia informara sobre el encaje de la amnistía y, a falta del informe definitivo, el texto preliminar ha sido interpretado de forma diametralmente opuesto por el Gobierno y los populares. El Ejecutivo ha tratado de sacar rédito máximo del informe y ha basado los cambios en la ley de amnistía refrendándose en el órgano europeo.

En este sentido, el Gobierno ayer confirmó que las negociaciones con Junts y ERC se habían intensificado después de conocer el pasado sábado el borrador del informe de la Comisión de Venecia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños defendió que el texto aprobado bebe de la Comisión de Venecia. «La ley entró impecable, constitucional y conforme al derecho europeo y va a salir impecable constitucional y conforme al derecho europeo, haciendo suyas las recomendaciones de la Comisión de Venecia», aseguró. El Gobierno presumió ayer de dar luz a una ley que será «referencia internacional» que marcará «la mejor historia de España»-.

Concretamente, la ley de amnistía hace referencia al citado órgano en el apartado quinto del preámbulo en el que inciden en que según la Comisión de Venecia se remarcaba la «importancia de mantener una distinción clara entre el poder legislativo y el judicial en la implementación de la amnistía, asegurando el respeto por la autonomía judicial y los principios democráticos». En el apartado sexto de la exposición de motivos también se recuerda que el órgano europeo marcaba en 2013 que el poder legislativo debía establecer «los criterios para ser beneficiado por la amnistía» y el poder judicial debe ser quien identifique «a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador».

Sobre los delitos amnistiables, las enmiendas pactadas también se refieren al informe europeo con el fin de «garantizar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley», en referencia a los delitos de malversación, diferenciándolos de los delitos de corrupción que implican enriquecimiento personal o beneficio patrimonial.