El CGPJ celebrará el lunes el Pleno extraordinario sobre la amnistía

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha convocado el próximo lunes a las siete de la tarde el Pleno extraordinario solicitado por ocho vocales conservadores para intentar que el órgano de gobierno de los jueces apruebe una declaración institucional en contra de la ley de amnistía.

La convocatoria llega pocos horas después de que los ocho consejeros solicitaran formalmente la celebración de una sesión extraordinaria, que el presidente estaba obligado a convocar al respaldarla más de cinco vocales de la institución.

La declaración institucional sobre la ley de amnistía a la que pretenden que el Pleno dé su visto bueno recoge su "intensa preocupación y desolación" por la presumible aprobación de la medida de gracia, con la que según denuncian se "mercadea" con el Estado de derecho. Para este grupo de vocales, la amnistía del "procés" supone la "degradación", cuando no "abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España".

Estos ocho consejeros -Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Abad y Ángeles Carmona- sostienen que de esta forma "lo que se violenta no sólo es la Constitución con la que nos dotamos los españoles como marco de convivencia, sino también los compromiso asumidos por España" en el Tratado de la Unión Europea, que obliga a nuestro país a respetar "los principios de Estado de derecho e independencia judicial".

Para estos vocales, Pedro Sánchez confunde sus intereses con el "interés de España", pues solo pretende "evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya". Según denuncian, aprobar la ley de amnistía conlleva convertir "en papel mojado" las sentencias, algo "rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho".