Chaves: «¿Ante quién declaro si soy aforado?»

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha asegurado este miércoles que no tiene estrategia de defensa frente al auto de la juez Mercedes Alaya porque ni está imputado ni se ha pedido su imputación.

A pecho descubierto, sin estrategia de defensa, ni abogado. Así se presenta Manuel Chaves tras el controvertido auto de la juez Alaya en el que se apunta su posible imputación, además de la de José Antonio Griñán y cinco ex consejeros de Andalucía. Lo dijo en una rueda de prensa en el Congreso, en la que además descartó querellarse contra la juez por prevaricación, pese a que advirtió que si tuviera algún indicio contra él y no enviara el caso al Supremo, estaría incurriendo en este delito. Quien no se ha pronunciado aún publicamente al respecto es Griñán, si bien desde su entorno afirman estar convencidos de que se trata de un auto «político, y no jurídico» que «pone al descubierto las pretensiones» de la instructora del caso. A diferencia de Chaves, su sucesor en la Junta aún no ha decidido los pasos jurídicos a seguir precisamente porque sus asesores legales no ven en el texto del martes variación procesal alguna.

Chaves, ex presidente de Andalucía y hoy diputado en el Congreso, por su parte, compareció ayer ante los medios para defender no estar imputado en el caso de los ERE o que la juez haya pedido su imputación. El que fuera ministro de Trabajo con Felipe González y vicepresidente del Gobierno y presidente del PSOE con Zapatero estuvo arropado en su comparecencia por buena parte de los diputados andaluces, y dijo que no tiene intención de mover ficha después de conocer el auto de la instructora ERE. Y es que el ex ministro de Política Territorial en el último Gobierno socialista cree que, «objetivamente», el auto ha tenido «efectos políticos y mediáticos», si bien advirtió que no será él quien diga que esos eran efectos buscados por Alaya, pese a que en el texto usa «arteramente» la palabra imputado y eso ha permitido cierta «manipulación».

«No hay imputación»

El auto de la juez Alaya comunica procedimiento contra él «en calidad de imputado» y coloca en idéntica situación a su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, y a cinco exconsejeros andaluces, todos ellos aforados. Pero, según Chaves, tras estudiar el auto está claro que «no hay imputación» para ninguno de ellos, ni nada para pedir su imputación. Tampoco, «ningún indicio individualizado contra ninguno de los citados» y por eso la juez no puede remitir el caso al Supremo.

«No hay imputación, no hay petición de imputación, no hay indicios y no hay remisión de la causa al Supremo», afirmó antes de evitar pronunciarse sobre cómo actuará en caso de que fuera finalmente imputado y si seguiría en el Congreso como diputado. «En estos momentos sólo puedo decir que no estoy imputado. Si soy imputado, cuando ocurra, me hace la pregunta», apositlló airado.

El diputado socialista calificó de «innecesario» el auto de Alaya porque «no cambia nada jurídicamente» y «no cambia la situación jurídica» de ninguno de los afectados y, preguntado sobre si piensa ir a declarar, se preguntó «¿ante quién (debería hacerlo)?, ¿Ante Alaya, ante el Supremo y por qué indicio o acusación?». «El tribunal natural de un aforado es el Supremo y si ve indicios, su obligación es remitir la causa», añadió. Luego, lamentó que el auto haya «colocado» a los citados en «una situación difícil, de confusión e indefensión» por el uso artero de la palabra «imputados», que es «la que crea confusión y ha provocado manipulación intencionada de algunos». En ese sentido, al hilo de la referencia del escrito de Alaya sobre la conveniencia de preservar a los citados de los efectos de la prensa, mantuvo o que «si eso era lo buscado», el efecto logrado ha sido «todo lo contrario, una gran repercusión mediática».

Chaves también alertó de la «casualidad» que supone que «a la misma hora» de la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz y cuando el auto «aún no estaba en manos de los abogados de la Junta o de los citados», el PP diera una rueda de prensa en la que ya difundió su «argumentario» en torno al documento de la juez. El ex dirigente andaluz también recalcó durante la rueda de prensa su deseo de que «se haga justicia»: «Soy –afirmó– el primer interesado y mi partido, el más convencido de que haya justicia y que recaiga sobre aquellos que se han ido con un euro de los fondos destinados a parados, jubilados o empresas en situación difícil» y que, «abusando de la confianza», incurrieron en «malversación de fondos». De ese modo, defendió que en Andalucía «nadie», ni el presidente ni los consejeros, se metió «en un cuarto oscuro» para «inventarse una trama para que otros pudieran delinquir». En esa línea, ha precisado que el procedimiento fue, en cualquier caso, «legal, rápido y flexible» y que, pese a que «adoleció de más control» no fue hecho «para delinquir» sino incluido en los presupuestos andaluces y destinado a solucionar los problemas de ciudadanos y empresas en crisis.

El fiscal ya tiene el recurso de Magdalena Álvarez

La juez instructora de los ERE ha dado traslado a la Fiscalía y demás parte personadas del recurso que la ex ministra Magdalena Álvarez presentó contra su imputación en la causa. La juez Alaya, en varias resoluciones notificadas ayer, da traslado del recurso presentado por el abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, para que las partes se pronuncien sobre su contenido en el plazo de cinco días. Álvarez, consejera andaluza de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, fue imputada el pasado 28 de junio, junto a otros 20 altos cargos y ex altos cargos de la Junta. La juez notificó ayer varias resoluciones como su rechazo al recurso de la empresaria Encarnación Poto Monge contra la fianza de responsabilidad civil de 4.089.639 euros que le impuso Alaya como expresidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO). En su auto, Alaya recoge que el ERE de ACYCO y la correspondiente ayuda sociolaboral «eran innecesarios» pero Poto Monge «la rentabilizó en su propio beneficio, pues al ser despedida como trabajadora cobró durante dos años su indemnización por despido y luego 276.000 euros en virtud de la póliza de prejubilación».

La ex consejera de Economía de la Junta y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha recurrido el auto de imputación al entender que los presuntos delitos que se le atribuyen, como son los de prevaricación administrativa y malversación, habrían «prescrito», motivo que junto a otros que alega le lleva a pedir la nulidad de la resolución judicial. En el recurso, adelantado por la cadena Ser, Oliva solicita por tanto la nulidad del auto y el sobreseimiento de la causa «por manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados».