España

Chaves, en el origen de los ERE; Griñán «pudo y debió» parar el pago

El presidente avaló las transferencias, «perfecto conocedor» de que «se suprimía la fiscalización previa»

El presidente avaló las transferencias, «perfecto conocedor» de que «se suprimía la fiscalización previa».

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Casi un año después –once meses– del inicio del juicio sobre el «procedimiento específico» de los ERE, la Fiscalía ha afianzado su acusación. Anticorrupción señaló ayer que el sistema de concesión de ayudas «exigió» la aprobación de Chaves y recordó que Griñán conoció los avisos de la Intervención, por lo que «pudo y debió» parar las ayudas. El panorama judicial para los ex presidentes de la Junta toma un cariz complicado para sus intereses.

El fiscal Juan Enrique Egocheaga defendió en su informe final que la «trascendencia» del cambio implantado en 2000 con el «procedimiento específico» de los ERE «exigió la decisión aprobatoria» del entonces presidente Manuel Chaves. El Ministerio Público acusa al ex mandatario de prevaricación y solicita 10 años de inhabilitación por su participación en el «caso ERE», cifrando las ayudas en entredicho en 680 millones. El fiscal entiende que Chaves conocía la modificación de la normativa a la hora de presupuestar, lo que «no era un simple cambio menor» y lo que implicaba que «la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas con cargo a esos fondos». «La trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo» y que «convenciera a la consejera de Hacienda» (la también acusada Magdalena Álvarez) para que la asumiera «sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves».

El fiscal también consideró que «ha sido plenamente acreditado» que Griñán, para el que pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, como consejero de Hacienda de 2004 a 2009, era el destinatario de los informes de la Intervención y del control financiero permanente de IDEA, por más que la destinataria primera fuera la entonces viceconsejera, y también encausada Carmen Martínez. El interventor alertó de que la Dirección General de Trabajo estaba dando ayudas «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido» y asumiendo compromisos por encima del crédito presupuestado cada año». Aunque el TS no vio indicios de malversación en Griñán, la Fiscalía considera que ha sido «acreditado». «No cabe alegar que son numerosos los informes que llegan para justificar la no lectura», señaló el fiscal. También consideró que «no es muy creíble» el desconocimiento de Magdalena Álvarez.