Chaves y Griñán creen que los consejeros imputados les servirán de «cortafuegos»

En el escrito final de su oceánica instrucción del «caso ERE», Mercedes Alaya reconstruye un cuarto de siglo de la historia política de Andalucía. La comunidad más poblada de España es también la única en la no ha habido alternancia del gobierno. Desde la coronación de Juan Carlos I, siempre gobernó el PSOE. Y al menos desde la llegada de Manuel Chaves a la presidencia regional (1990), la maquinaria electoral socialista estuvo «engrasada» (el entrecomillado es de la jueza) por el dineral que la Unión Europea entregó en forma de fondos de cohesión. En el entorno de Chaves y de su sucesor, José Antonio Griñán, se coincide al señalar que «penalmente, el asunto no llegará demasiado lejos pero desde el punto de vista político, ha sido un huracán». Que se ha llevado por delante a dos presidentes y ha entronizado a Susana Díaz, el poder emergente de la izquierda española.

Los dos cesantes, aforados para evitar los embates de Alaya, serán llamados a declarar ante el Tribunal Supremo, que atenderá o no la recomendación de la instructora de imputarlos por el reparto irregular de ayudas al desempleo. El discurso oficial de ambos es que «por fin» podrán «salir del estado de indefensión en el que estaban sumidos por la preimputación». La cosa no es exactamente así. José Antonio Griñán apura las últimas jornadas de sus vacaciones. El ex presidente andaluz pasó unos días por Galicia antes de sumarse a su tradicional plan familiar, con sus hijos y nietos, aunque este año sus afanes son más intelectuales, puesto que se encuentra enfrascado en la escritura de un libro «que no tendrá nada que ver con la política». Alguien de su círculo más cercano asegura que Griñán está «tranquilo porque cree que es improbable que termine siendo imputado», pero «preocupado por las consecuencias políticas».

En realidad, esas consecuencias ya se han sustanciado con la lógica del efecto mariposa. Ya se sabe: el aleteo de uno de estos animalitos en Tokio provoca un terremoto en San Francisco. El lepidóptero japonés, en este caso, es la grabación realizada por unos empresarios a los que un dirigente socialista pedía una mordida y el movimiento sísmico, político, en la región a quienes pomposamente se definía como «la California europea» ha sido la caída de dos presidentes pero no sólo eso: tras ellos apareció Susana Díaz, que este verano, mediante la persona interpuesta de Pedro Sánchez, ha liquidado los restos del PSOE nacido en el congreso de Suresnes (1974). Casi nada.

Manuel Chaves nunca perdona su visita estival a Costa Ballena, en el municipio de Rota, donde posee una residencia. También suele pasar unos días en la playa de Islantilla (Huelva), cerca de la frontera portuguesa. Una persona que trabajó muchos años a sus órdenes, que dice desconocer su paradero exacto estos días, asegura que tiene «la conciencia tranquila» porque las irregularidades que le achaca Alaya a su Gobierno «se produjeron, en todo caso, en el marco de una acción política y siempre procurando el bien común».

En cierto modo, fue la consigna que ayer insinuó Susana Díaz en la entrevista que concedió a la radio autonómica. La presidenta sólo se mojó por «la honorabilidad» de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que se guardó de nombrar a nadie más y pidió que «quienes se han llevado el dinero lo paguen». Ha abandonado pues la Junta la teoría de los «cuatro golfos» que robaban en un contexto general de honradez para retranquear la línea defensiva hasta la ciudadela en la que se refugian los dos ex presidentes y pocos más. No, desde luego, el consejero de Empleo José Antonio Viera, viejo rival de Díaz en las riñas partidarias y a quien todos dan por sacrificado, igual que lo fue su sucesor, Antonio Fernández, quien al no estar aforado ya ha probado el confort penitenciario.

«Igual que en los GAL hubo un cortafuegos penal que fue el ministro del Interior, aunque es posible que otros miembros del Gobierno estuvieran al tanto, la previsión es que el Supremo detenga la responsabilidad en los consejeros». Este inmisericorde juicio lo dicta una fuente socialista que duda de la pertinencia de la decisión del partido de no brindarle apoyo jurídico a los militantes imputados o a los que corren el riesgo de serlo. «Es demasiado arriesgado dejar que un abogado independiente pueda negociar cosas por su cuenta con el tribunal o la Fiscalía».

Así pues, los dos capitostes tienen claro que sus responsabilidades se detendrán en la esfera de lo político y que se darán por descontadas en cuanto se celebren las elecciones autonómicas que Susana Díaz medita adelantar. Tanto los cuadros del partido como los de la Junta manejan ya argumentarios que vinculan las conclusiones de Alaya con la inminente aceleración del calendario electoral. Si Díaz conserva en las urnas la ventaja que le conceden las encuestas, considerarán que la tormenta se ha disipado del todo.