El PP cerca a Díaz y pide que declare como testigo en el juicio de los ERE

También solicita la comparecencia del actual consejero de presidencia de la Junta.

También solicita la comparecencia del actual consejero de presidencia de la Junta.

La reanudación del primer juicio del «caso ERE» estuvo marcada por una propuesta que entró como un súbito latigazo en la Sala de la Audiencia de Sevilla. La representación procesal del PP-A, partido que ejerce la acusación popular, dio un golpe de efecto que provocó murmullos al incluir entre sus cuestiones previas una petición: que testifiquen la actual presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, y su «número dos», el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, trayendo al hoy un proceso que desde la Junta se ha intentado encajar en un pasado que no se repetiría.

Con los 22 ex altos cargos encausados ya en sus sillas, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el abogado de los populares, Luis García Navarro, justificó su sorpresiva solicitud en que de las comparecencias públicas de Díaz se infiere que la socialista posee un «amplio conocimiento» de los hechos investigados. A ello sumó otro argumento: durante su «mandato» como consejera de Presidencia –fue titular de ese departamento y del de Igualdad entre mayo de 2012 y septiembre de 2013– se promulgó un decreto que vino a convalidar ayudas extraordinarias y urgentes que se concedieron para la prejubilación de trabajadores afectados por procesos de regulación de empresas en crisis durante el periodo investigado en la «macrocausa». Los populares ya obligaron a la presidenta a hacer un paseíllo, aquella vez parlamentario, al incluirla en el listado de comparecientes que tuvo que dar explicaciones en la Cámara andaluza en torno a las irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados con fondos de la Administración autonómica. Ahora pretenden que el caminito sea hasta los juzgados sevillanos, como el de Jiménez Barrios, al que los letrados del PP han señalado por su etapa como alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), cuyo ayuntamiento resultó beneficiario de una de las ayudas circunscritas al tiempo en el que se analizan los fondos públicos que pueden estar tejidos por el fraude. Y no son los únicos a los que los populares pretenden que se llame: buscan que declare además la ex consejera de Presidencia y ex portavoz del Ejecutivo regional, María del Mar Moreno. En la actualidad es senadora socialista, después de lograr que el Tribunal Supremo (TS) la exculpara precisamente en el ámbito del «caso ERE». Y es ahí, a su vinculación con este proceso judicial, a donde se agarran los abogados del PP para sostener que Moreno también tiene un «amplio conocimiento» demostrado respecto al asunto que se juzga.

Y acción-reacción. Tras hacerse público el movimiento judicial, el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, aseveró: «Ya tienen que estar muy desesperados para pedir hoy –por ayer–, esas tres comparecencias». Es más, aconsejó a los populares dejar de «hacer el ridículo» con el «caso ERE», al que, a su juicio, se están asiendo «desesperadamente» tras haber «pinchado» en otros como el de «Mercasevilla», la mina de Aznalcóllar o los mencionados cursos. Pero lo cierto es que no es inusual que quienes ostentan responsabilidades de gobierno puedan ser convocados para declarar en un juzgado como testigos. De hecho, el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, tuvo que hacerlo el pasado verano en la Audiencia Nacional en el ámbito del «caso Gürtel» y lo afrontó con «normalidad». Habrá que esperar a ver qué decide el tribunal respecto a Díaz, Jiménez Barrios y Moreno, como para saber cuál será su posición sobre otra de las cuestiones previas, esta vez previsible. José María Mohedano, representante procesal de Griñán, planteó la nulidad de las actuaciones capitanedas por el magistrado Álvaro Martín, al haberse vulnerado el derecho al juez natural o predeterminado por la ley.