Choque frontal entre los jueces por la futura ley de amnistía

El inminente inicio de la tramitación de la ley de amnistía ha abierto la «caja de Pandora» entre los distintos organismos y asociaciones que representan a los jueces, que han entrado de lleno en el debate más duro sobre la aprobación de una norma a la que muchos no ven encaje constitucional. Solo la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha evitado emitir una valoración mientras no conozca la proposición de ley, cuyo registro en el Congreso de los Diputados se puede producir en cualquier momento.

Entre quienes sí se han pronunciado, está la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se ha sido tajante al declarar que el acuerdo entre el PSOE y Sumar con ERC y Junts, pendiente de los últimos detalles para aprobar un indulto general, supone «el principio del fin de la democracia». Se trata de la asociación mayoritaria de la judicatura y su opinión se dio a conocer solo unas horas después de que ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitasen un pleno extraordinario para aprobar una declaración conjunta sobre la amnistía. Una norma que calificaron por considerarla fruto del «mercadeo» del Ejecutivo con los partidos independentistas y que va, según destacan, en perjuicio de todos los españoles.

La APM se ha alineado con esta perspectiva, que contrasta con lo manifestado por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de corte progresista, que ha emitido duros reproches contra el órgano de gobierno del Poder Judicial. Concretamente, considera que los vocales del CGPJ están abusando de las atribuciones legales con que cuentan y que impulsan «una desviación de la legítima función de ese órgano». Asimismo, les ha afeado que se atribuyan funciones que solo corresponden al Tribunal Constitucional (TC).

"No es admisible"

Las palabras han sido bien elegidas por unos y por otros. En el caso de la APM, han sido de alto calibre. «Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», ha señalado.

La organización ha advertido que el mensaje que se lanza es que no hay principio de igualdad ante la ley y entraña riesgos, pues abre la puerta a que el indulto general lo puedan exigir, por ejemplo, quienes han incurrido en malversación de dinero público o, incluso, «quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio», en clara alusión a la organización terrorista ETA. Para la asociación, esto supone que la ley, que debe ser general, se transforma en un privilegio.

Uno de los pilares de la democracia, la separación de poderes, también ha salido tocada de todo este debate y de las negociaciones, sostiene. A su juicio, ha habido una «constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial».

Junto con criticar las voces de las formaciones políticas que cuestionan el sometimiento a la ley de los poderes públicos y de los ciudadanos, vaticina lo que ocurrirá en los próximos días, quizás horas: la presentación de una iniciativa legislativa con el fin de conceder la amnistía a quienes participaron en 2017 en el 1-O, unos «hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de los españoles», señalan.

Sobre el acuerdo de esta norma entre el Gobierno en funciones y los partidos independentistas, a los que cataloga como «los máximos responsables de esos delitos», advierte de las consecuencias: más allá de la denominación que se le dé, si la ley exonera a unos pocos de las responsabilidades penales que ya han sido declaradas por los Tribunales, esto resulta «inaceptable e inasumible en una democracia plena» y no tiene encaje en la Carta Magna, sea cual sea la «trampa» o encaje que se le dé.

Con esta norma, además de generar los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, también se genera un efecto nocivo: «anular al Poder Judicial, el último dique de contención frente a los abusos de poder, para privilegiar a unas pocas personas», señala.

El rol de los jueces ha sido otro importante punto de fricción entre las visiones que plantean las dos asociaciones. Para la APM, la amnistía conlleva el cuestionamiento de la labor de los magistrados que enjuiciaron los hechos enmarcados en el «procés». Recuerda que ellos se limitaron a aplicar las leyes. Sin embargo, cree que también se deslegitima al Poder Legislativo, al lanzar «el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos».

Por su parte, la laJJpD, de corte progresista, reconoció que «es evidente que existen dudas legítimas sobre esta norma», pero pone el acento en que la proposición de ley todavía no se ha presentado. E insiste en que el ordenamiento jurídico «contempla vías para la formulación, tramitación y resolución de las discrepancias, y la defensa del orden constitucional y legal». En esto, hay una cierta coincidencia entre los distintos puntos de vista de los jueces.

Sin embargo, el debate cambia cuando se centra en la actuación de los vocales del CGPJ y en los términos que emplearon para solicitaron el pleno. Se trata de «una invasión clara de la función jurisdiccional que la Constitución reserva a la judicatura. Sus afirmaciones invaden la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que sólo al Tribunal Constitucional corresponde, al ser el supremo intérprete de ésta», destaca.

También les reprocharon una supuesta falta del «deber de neutralidad en el debate partidista», acusándoles de un activismo contrario a sus potestades.

La dureza de los reproches y el contraste en la percepción de las secuelas que dejará la amnistía en el Poder Judicial suponen un punto de inflexión. El debate ha subido de tono entre las asociaciones, aunque todas coinciden en reclamar una mayor independencia.