El círculo infernal

Incluso considerando que es el peor presidente que hemos tenido en democracia (y ya es mérito después de lo de Zapatero, que casi nos lleva a la intervención europea), es imposible desearle a Sánchez lo que está viviendo. Qué verdad es que en el pecado se lleva la penitencia. Hay que estar muy loco por el poder para soportar que tu mujer y hermano estén investigados, tus socios te chantajeen día y noche y te veas encajonado entre cesiones que te bajan el suelo electoral o dejar directamente el mandato.

Aunque el presidente esté montando argumentos para unas hipotéticas elecciones, Junts y el PSOE están atrapados en un círculo infernal y obligados a entenderse. Carles Puigdemont no puede dejar pasar esta legislatura sin que Cándido Conde-Pumpido impugne en el TC la sentencia del Supremo que el 10 de marzo ratificará con toda probabilidad que no se le aplique la amnistía. Recordemos que el juez Pablo Llarena consideró que la malversación de caudales públicos entraba dentro de las propias excepciones previstas por la Ley de Amnistía, al suponer una forma de enriquecimiento personal.

Si el fugado se arriesga a dejar caer este Gobierno, un Ejecutivo de otro signo significaría para él envejecer en Waterloo. Con este presupuesto, Sánchez sabe que, por duras que parezcan las reclamaciones independentistas, lo van a apoyar al final. Es lo mismo que el PNV, que prefiere gobernar con el PSOE. A cambio, el independentismo pide y pide.

Creo que algunas reclamaciones son imposibles de otorgar, entre otras el cupo catalán, que acabaría literalmente con el socialismo español, por eso tengo para mí que a esto le van a dar largas. A cambio, se negocian graves concesiones «compensatorias», que minan la cohesión de España. La Cataluña de Illa está consiguiendo lo que no logró el «procés». Todo el esfuerzo nacional por parar el golpe de Estado ha sido traicionado.

Los de Puigdemont elaboraron el año pasado unas cuentas desvergonzadas, que cifraban la deuda histórica de Cataluña en 450.000 millones y que demuestran una avidez insólita y una total falta de solidaridad. La misma que se ha probado cuando vascos y catalanes han rechazado acoger a los menores no tutelados que es necesario trasladar a la Península desde Canarias.

Por no hablar de las transferencias en Cercanías, gestión de aeropuertos o desmantelamiento de Policía Nacional y Guardia Civil a favor de unos Mozos de Escuadra que no están preparados para las funciones que asumen. El Gobierno ya cedió las competencias en Tráfico y Seguridad Ciudadana, que eran de la Policía y la Benemérita según la densidad de población. Asimismo, eliminó la Policía Científica, la mitad de la Judicial y redujo la de Información. Los sindicatos Jupol y Jucil han denunciado ahora que el exigido control de fronteras incluye las competencias en Extranjería. El 5 de diciembre, mossos y agentes rurales se quedaron con la gestión medioambiental, de la que participaba la Guardia Civil a través del Seprona. Finalmente, se está buscando cómo transferir el Servicio Marítimo y los rescates subacuáticos. La segunda comunidad en índice de criminalidad asume con esta expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un riesgo grande.

Como símbolo de este desmantelamiento paulatino e incesante, se alza el cierre de la Jefatura de Policía de Via Laietana, de tan decisivo papel en la lucha contra el referéndum ilegal. El 10 de diciembre, el Govern aprobó la llamada Ley de Memoria Democrática de Cataluña, elaborada por el Ejecutivo independentista de Aragonés. En él figura soterradamente la pretensión de convertir la comisaría en un centro museístico independentista. Lo que a estos les sobra en Cataluña es España. Y Sánchez y Puigdemont van a zanjar ese problema. A veces una confluencia de intereses hace alianzas tan contranatura como el pacto entre Hitler y Stalin. Siempre las pagan otros.