Las claves de la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal: sobres por una licencia de hidrocarburos

El PP ha presentado una querella por financiación ilegal contra el PSOE ante la Audiencia Nacional. En ella implican al empresario considerado -por la Unidad Central Operativa (UCO)- como "líder" y "nexo corruptor" de la trama que se investiga en el "caso Koldo", Víctor de Aldama, así como a uno de sus socios, Claudio Rivas, y a Koldo García, antigua mano derecha de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes.

Su portavoz, Borja Sémper, vinculó la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 5 con "un escándalo de unas dimensiones todavía desconocidas" que va a "ir engordando". Se mostró el dirigente popular confiado de que "lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales".

En la querella, como desvela Eldiario.es, los de Feijóo apoyan su acusación en la noticia publicada por The Objective este pasado jueves en la que se recoge el testimonio de dos "informantes" anónimos que aseguran que Rivas "habría usado" a Aldama para conseguir del Gobierno una licencia para que su compañía Villafuel se convirtiese en una "operadora de hidrocarburos". Para el avance en la obtención de la autorización ambos se habrían reunido con Koldo, entonces asesor principal en el Ministerio de Transportes.

Aldama, que precisamente está ahora mismo en prisión por su supuesto papel en un fraude de IVA de más de 100 millones en este sector, le habría pedido a cambio de la gestión y su intermediación 600.000 euros.

Esta cantidad, refleja la acción penal citando la noticia, le habría sido abonada al expresidente del Zamora Club de Fútbol a través de transferencias y "entregas de dinero en efectivo".

Una de estas entregas, explicaron los informantes no identificados al medio y ahora los populares lo llevan ante la Justicia, se realizó en la segunda planta de la sede nacional de los socialistas situada en la madrileña calle de Ferraz, en octubre de 2020.

"Un señor que estaba esperando", según recoge la querella, recibió un sobre con una parte de los 90.000 euros en efectivo, una de las dos entregas de la cantidad total acordada.

En la otra, previa, recoge Eldiario.es citando la querella, el dinero en metálico fue transportado en una bolsa de plástico a la misma sede principal del PSOE.

Cuestionan en Génova que a esa persona que acudió a Ferraz "no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte de Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último".

Por ello, reclaman al magistrado Santiago Pedraz que cite a declarar como testigos a los trabajadores de Ferraz que presuntamente se encargaron de la recogida del pago por la supuesta intermediación.

El PP expone que la empresa de hidrocarburos de Rivas logró la licencia en septiembre de 2022, y vinculan estos hechos con los delitos de blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos, cohecho y tráfico de influencias.