Inmigración
Clavijo defiende su acuerdo con el PP entre críticas del Ejecutivo central
El Gobierno recurre a la financiación para tachar a la oposición de insolidaria
La solución a la crisis migratoria continúa tensando el clima político. Dos días después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se desplazase hasta las Islas Canarias para pactar un documento sobre inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró rotundo ante el Ejecutivo central por criticar la rúbrica de una hoja de ruta para buscar una solución a la crisis migratoria. Insistió en que el documento «no ataca a nadie» ni «va contra nadie», sino que busca «el diálogo y el entendimiento». A su juicio, este pacto tiene «voluntad de acuerdo» y vincula a 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que gobierna el PP, por lo que a su juicio garantiza que el mecanismo de distribución de los menores migrantes va a contar con el apoyo de la mayoría de las autonomías. Hay que recordar que muchas de las comunidades que están acogiendo a menores migrantes están gobernadas por el PP, como, por ejemplo, Madrid o Galicia.
El presidente autonómico admitió que le han extrañado los ataques a este documento, que establece nueve puntos, entre ellos los criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y Ceuta, y la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En este sentido, la propuesta del Gobierno de Canarias y del PP establece que las comunidades se harán cargo de la financiación y gestión hasta el 100% de su capacidad de acogida de menores, mientras que cuando se sobrepase ese porcentaje y hasta un 150%, la gestión será de las comunidades pero la financiación del exceso corresponderá al Estado. Una vez superado el 150% de esa capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación la asumirá el Estado. Con esta propuesta que fija claramente los costes de la tutela, el PP pone sobre la mesa una solución económica a la acogida, que fue uno de los puntos por los que se negó a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería a comienzos de este verano.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, no ven con buenos ojos esta propuesta. Tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la de Hacienda, María Jesús Montero, cargaron ayer duramente contra este pacto. El titular de Interior acusó a los populares de practicar «una absoluta instrumentalización» de la oleada migratoria que impacta especialmente en Canarias. Más dura fue la titular de Hacienda, quien aseveró que «no pueden alimentar discursos de xenofobia, hacer dejación de funciones de competencias que tienen asignadas ni practicar la insolidaridad». «No tiene ninguna lógica que haya formaciones políticas que invoquen la solidaridad entre territorios a propósito de un tema, por ejemplo, el de la financiación autonómica, y luego no la practiquen cuando hablamos de algo que tendría que ser sagrado como los menores y sus derechos», zanjó.
Mientras tanto, la ofensiva popular en esta materia sigue en marcha. Feijóo se reunirá hoy con el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, y con el ministro de Migración y Asilo griego, Nikos Panayotópulos, para abordar la política migratoria ante la situación que atraviesan ambos países. De enero a julio llegaron a Grecia 23.204 migrantes en situación irregular frente a las 29.031 personas que alcanzaron España.
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