Presidencia del Gobierno traslada al instructor del «caso Begoña Gómez» que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez ha realizado a lo largo de siete años únicamente dos viajes «sufragados con gastos públicos».

El primero, a Segovia el 27 de abril de 2022 «con motivo de la preparación del programa de acompañantes (de mandatarios) de la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid los días 29 y 30 de junio» del citado año.

El desplazamiento incluyó billetes de ida y vuelta en AVE desde la capital a la localidad castellano-leonesa por valor de 66 euros abonados por fondos públicos.

El otro a Granada, el 6 de septiembre de 2023, a Granada, «con motivo de la preparación del programa de acompañantes de la reunión de la Comunidad Política Europea y del Consejo Europeo informal, celebrados (en la citada ciudad andaluza) los días 5 y 6 de octubre».

En este viaje, Álvarez cogió un vuelo a la ciudad andaluza y otro de vuelta a Madrid con un coste de 468 euros.

Desde Moncloa informan, asimismo, al juez Juan Carlos Peinado que la alto cargo investiga «no dispone de coche oficial», ni, por tanto, tiene servicio de chófer a su disposición.

Tampoco tiene -según la respuesta de Presidencia- «personal a su cargo ni dependiente jerárquica ni funcionalmente de ella».

Asistentes de predecesoras

Por otro lado, desde Presidencia dan cuenta, como requirió el magistrado, de la información «que se ha podido recabar” sobre los puestos de trabajo que han podido destinarse a las tareas “de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno».

En Moncloa no han hallado «información en relación con los expresidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo».

A partir de ahí, expone que, durante la presidencia de Felipe González, su esposa, Carmen Romero, tuvo una secretaria entre 1987 y 1996.

Durante el mandato del popular José María Aznar, su esposa, Ana Botella, mantuvo como asistente a la misma persona desde 1996 y hasta 2003.

Por su parte, la pareja de José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa, tuvo dos mujeres distintas ocupando el cargo de consejeras técnicas en el periodo que va de 2004 hasta 2011.

Y, por último, durante el tiempo que gobernó el antecesor de Sánchez, Mariano Rajoy, su mujer, Elvira Fernández, contó con Jaime de los Santos, ahora diputado, como consejero técnico, cursando alta en 2013 y baja, en 2015.

Aclaran que «los intervalos temporales sin información se deben a la imposibilidad de identificar a las personas que pudieron realizar tareas de atención a los cónyuges de los presidentes del Gobierno» durante sus mandatos.

Asimismo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dio traslado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las agendas de Gómez y la asesora que le envío Secretaría General de Presidencia. Ahora, los investigadores tendrán que «determinar si las citas, reuniones, viajes realizados por ambas, a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales» de la esposa del también líder del PSOE.

A raíz de la contestación de Presidencia, se ha podido saber que Álvarez, que ejerce formalmente como directora de Programas, tuvo que cambiar de cuenta correo electrónico profesional el pasado 5 de diciembre, después de que pusiese «de manifiesto la usuaria el hecho de no poder utilizar su cuenta anterior por recibir excesivos correos ofensivos».

El resto de documentación remitida al magistrado son las nóminas que cobró Álvarez en calidad de asesor del Gobierno desde que fue nombrada en julio de 2018 y hasta este noviembre. La media de lo que ha percibido, mensualmente, como salario en el Ejecutivo ha sido de 2.500 euros.

También hace valer Presidencia ante el juez Peinado que en la relación de puestos de trabajo que figura en el Registro Central de Personal de la Administración General del Estado «no define las funciones de los puestos» y no existen «antecedentes documentales de los puestos de trabajo que han podido destinarse a las tareas de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno».

Se remite, en cambio, a que las funciones que realizan las trabajadoras que como Álvarez han sido «de confianza» y son propias de «puestos de personal eventual». «En tanto que los puestos de trabajo de la Administración General no tienen normativamente funciones asociadas de forma directa, las tareas que realizaron estos empleados de Presidencia se corresponderían con las propias de la unidad a la que están adscritos», zanja en la respuesta remitida.