El Colegio de la Abogacía de Madrid baraja la posibilidad de denunciar la ley de amnistía ante la Comisión Europea

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) baraja la posibilidad de presentar una denuncia ante la Comisión Europea sobre la futura ley de amnistía, que actualmente se tramita como proposición de ley en el Congreso. En principio, este paso se podría concretar en febrero, pero solo si antes no hay un pronunciamiento público de esta institución sobre la controvertida norma. Tal como han informado fuentes cercanas a esta iniciativa a LA RAZÓN, es un tema que está sobre la mesa desde noviembre y para concretarlo han mantenido una serie de contactos con representantes y con especialistas en Derecho europeo.

La amnistía y la vulneración del Estado de derecho, al igual que los ataques de los que han sido objeto los jueces y fiscales en España en las últimas semanas, ha derivado en un malestar generalizado y creciente del que la abogacía madrileña no se ha podido abstraer. Así quedó patente en la presentación del primer Estudio sobre la situación de la abogacía madrileña que se presentó en la sede colegial esta mañana. Varias personas intervinieron con diferentes reflexiones condenando los cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial, que consideran que también afecta al desempeño de los abogados, y preguntaron directamente al decano Eugenio Ribón si está impulsando algún tipo de actuación frente a las vulneraciones del Estado derecho.

“Ten la certeza de que el colegio no va a ser un espectador”, aseguró Ribón, que admitió que cuentan con una estrategia definida desde el pasado 9 de noviembre, cuando hizo pública una declaración en contra de la ley de amnistía, las acusaciones de "lawfare" y las comisiones de investigación contra las resoluciones judiciales, fruto del pacto de investidura que el PSOE selló con Junts. En aquél momento, más de 40 bufetes y despachos dieron un paso adelante y se adhirieron a esta iniciativa del ICAM y muchos de ellos publicaron breves pero contundentes declaraciones de condena y rechazo en sus cuentas corporativas de LinkedIn, un posicionamiento muy pocas veces visto en el sector.

Pero no concretó más. Sin embargo, las fuentes con las que ha hablado este periódico señalan que actúan con prudencia, midiendo con cuidado cada paso y, sobre todo, sin perder de vista cómo evoluciona el texto en su tramitación.

Ribón explicó en el salón de actos que este tipo de actuaciones estuvo sobre la mesa de la junta de Gobierno en su momento, aunque sin concretar qué tipo de iniciativa se impulsaría. También recordó que el artículo tres de los estatutos colegiales le confiere la función de defender el Estado de derecho. "Hay una batería de acciones y todas las vías están abiertas", señaló, y mencionó actuaciones ante las distintas instituciones europeas, con contactos con el Parlamento Europeo, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para las que están fijando una calendarización.

Las fuentes con las que ha hablado este periódico señalan que la posibilidad de presentar una denuncia ha estado siempre entre las actuaciones previstas. "Hay consenso en que es necesario actuar", aseguran. Pero el quid de la cuestión ha sido el momento en el que se ha querido impulsar esta iniciativa ante las más altas instancias europeas. La idea sería hacer una toma de contacto con diversas instituciones de la UE y presentar la denuncia ante la Comisión, pero solo si esta no se pronuncia antes. El horizonte para hacerlo estaba inicialmente en el mes de marzo, pero ahora parece más probable que se adelante a febrero.

De este modo, el ICAM se suma a varias organizaciones de distintos ámbitos, profesional, de la sociedad civil, del campo académico, que están dando pasos en la arena europea para dar a conocer su punto de vista sobre la vulneración de los principios del Estado de derecho europeo que supondría la amnistía en trámite.