La Comisión Europea estudia la ley de amnistía y niega un análisis preliminar

La Comisión Europea recibió hoy el texto sobre la ley de amnistía que solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque algunos medios habían asegurado que en un análisis preliminar, el Ejecutivo comunitario no cree que existan fundamentos para abrir algún proceso de infracción o hacer algún tipo de advertencia sobre el texto registrado por el Partido Socialista en el Congreso de los diputados el lunes.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, niega que existan estas «decisiones preliminares». Esto significa que el Ejecutivo comunitario sigue examinando el texto con calma. En todo caso, ahora Bruselas está estudiando si en el articulado de la ley de amnistía existe algún elemento que ponga en cuestión los intereses financieros de la Unión Europea. Las instituciones comunitarias se han dotado de un mecanismo sobre el Estado de derecho que condiciona el desembolso de los fondos europeos a que se pongan en cuestión los intereses económicos de la Unión, lo que ha llevado a castigar a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria. El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía remitido al Congreso hace una mención expresa a que no se ponen en peligro estos intereses financieros y ahora Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta.

Además, Bruselas también está examinando si la ley de amnistía abarca los denominados casos de “lawfare”, lo que se entiende como la utilización espuria de los mecanismos de la justicia para la cacería política. Aunque en el acuerdo político entre Socialistas y Junts abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, la ley de amnistía tan sólo se refiere a los actos que están vinculados de manera directa o indirecta al proceso independentista y no se menciona de manera expresa el lawfare. Esto en un principio podría hacer más difícil que Bruselas actuara en este flanco, si las comisiones parlamentarias antes mencionadas no desembocan en algunas legislación específica que suponga la persecución de los jueces españoles.

Aparte de la posibilidad de congelar los fondos europeos, la Comisión Europea puede activar el artículo 7, el denominado en los pasillos comunitarios como "botón nuclear", que puede desembocar en su último estadio en la pérdida del derecho de voto del Estado miembro concernido. Hasta ahora, tan sólo se ha pulsado este botón nuclear en el caso de Polonia y Hungría, después de que la Comisión Europea hubiese abierto numerosos procedimientos de infracción a los dos países al constatar una violación sistemática del Estado de Derecho. El artículo 7 es un procedimiento que puede ser activado tanto por el Ejecutivo comunitario como por la Eurocámara.