La Comisión de la Verdad tendrá que aportar sus conclusiones en 18 meses

No es más que una formalidad para sentar las bases de lo ya anunciado. Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el real decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros que regula la composición y funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática y establece la creación de la Comisión de la Verdad.

Se trata del organismo para contribuir al “esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos” durante la Guerra Civil y la dictadura, que deberá entregar un informe de conclusiones y recomendaciones en un plazo de 18 meses.

Este real decreto establece, por un lado, el régimen jurídico aplicable al Consejo de la Memoria Democrática, y precisa que es el órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Asimismo, determina las funciones del Consejo y su composición, que asigna la Presidencia al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Indica, además, que debe respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres, y que la pertenencia al Consejo no generará derecho a retribución.

Por otro lado, contempla la constitución de la Comisión a la que se refiere el artículo 57.5 de la Ley de Memoria Democrática, cuya finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura.

Esta Comisión de la Verdad estará integrada por un máximo de diez personas independientes de reconocido prestigio en el mundo académico o profesional y en el ámbito de los derechos humanos, que serán designadas por el Consejo de la Memoria.

Se prevé que esta Comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de 18 meses desde su constitución, con la entrega de sus conclusiones y recomendaciones.

Por último, se encarga de la regulación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. De este modo, el real decreto precisa qué entidades memorialistas podrán solicitar su inscripción, y establece que podrán inscribirse también las vinculadas al exilio y la resistencia fuera de España que desarrollen su actividad en otros países.

Este real decreto no supondrá incremento de gasto debido a que el funcionamiento del Consejo y del Registro será atendido con los medios personales, materiales y técnicos ya asignados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El real decreto obedece al espíritu de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022, con la idea de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y estudiar las posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.

La norma, que sustituyó a la Ley de Memoria de 2007, nació bajo los principios de "verdad, justicia y reparación" y persigue dignificar las víctimas olvidadas, así como "evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia".