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Con Franco hemos topado

Los gobiernos socialistas y la Iglesia han sabido tradicionalmente sortear sus diferencias. El incidente de Calvo con el Vaticano marca un punto de inflexión en una interlocución que ha sido fluida y ha permitido la colaboración mutua

  • La visita de Carmen Calvo al Vaticano se saldó con un comunicado matizando a la vicepresidenta, que aseguró que había «acuerdo» para «obviamente» no inhumar a Franco en la Almudena / Efe
    La visita de Carmen Calvo al Vaticano se saldó con un comunicado matizando a la vicepresidenta, que aseguró que había «acuerdo» para «obviamente» no inhumar a Franco en la Almudena / Efe

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04 de noviembre de 2018. 03:44h

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Ainhoa Martínez 4/11/2018

En su deriva para evitar el fiasco de la exhumación de Francisco Franco, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado trasladando la presión de dónde reposen finalmente los restos a la Iglesia, ante la insistencia de la familia del dictador de depositarlos en la parroquia aneja a la catedral de la Almudena. En Moncloa la prioridad es que el lugar que finalmente los acoja no permita el enaltecimiento y consideran que la cripta de la familia se ubica en un enclave demasiado simbólico en la capital como para evitarlo. Ante las dificultades que prevén para impedirlo, con una Ley de Memoria Histórica que tendría que ser objeto de enmiendas, el Ejecutivo apremia al clero a secundar su ofensiva. «La Iglesia no se puede permitir tener a un dictador en la Almudena», resume resuelto un miembro del Gobierno. Tras contar con la colaboración del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, para promover la exhumación, el Ejecutivo ha forzado el conflicto a raíz de la inhumación. La vicepresidenta Carmen Calvo viajó al Vaticano el lunes y tras reunirse con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, anunció que existía un «acuerdo» para «obviamente» no enterrarle en la catedral de Madrid. En un movimiento insólilto, el Vaticano emitió un comunicado matizando a Calvo en el que señalaba que lo «oportuno» es que el destino de los restos sea dialogado entre la familia y el Gobierno. Este hecho ha tensionado las relaciones entre ambos estados.

La relación del PSOE con la Iglesia siempre ha estado marcada por la pretensión de los gobierno socialistas de acometer su proyecto aconfesional, esto es, revisión del Concordato, sacar la asignatura de Religión de la enseñanza pública, cobrar el IBI o recuperar la titularidad de los bienes inmatriculados. No obstante, estas demandas tradicionales no han llegado hasta ahora a materializarse, ni siquiera en las etapas de mayoría absoluta de Felipe González, y ambas partes han ido rehuyendo el conflicto y esquivando el debate, llegando incluso a ampliar privilegios o a gozar de excelentes relaciones diplomáticas como las que mantuvo la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega con el Vaticano o el ex ministro de Educación Alfredo Pérez Rubalcaba. Quien también fuera vicepresidente de Zapatero reconoce abiertamente haber tenido una «buena relación con la Iglesia» y defiende el «papel fundamental» que ésta ha jugado en la historia de España.

Esta buena relación quedó de manifiesto el pasado mes de octubre en el Congreso «La Iglesia en la sociedad democrática», organizado por la Fundación Pablo VI. Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares compartieron pareceres sobre «El papel de la Iglesia en la cultura y en la educación» y se dedicaron palabras amables. «Yo con Don Antonio estoy de acuerdo en casi todo», reconocía el que fuera líder de los socialistas. Y uno de estos puntos de consenso es que la «Ley Wert» no fue acertada. Ambos tuvieron una estrecha relación cuando Rubalcaba detentó la cartera de Educación, esta etapa se caracterizó por un diálogo fluido, aunque «no siempre fue fácil». No obstante, el arzobispo de Valencia reconoce la buena disposición del PSOE. «Hasta que no llega el Gobierno socialista no se hacen los conciertos educativos. Tengo que reconocer que quien ha permitido la libertad de enseñanza ha sido el PSOE a partir de 1982», destacó Cañizares, que fue más allá señalando que «echa de menos» a Rubalcaba como ministro de Educación.

Este buen entendimiento no se circunscribe únicamente a la etapa de Zapatero, cuando el Gobierno socialista también intentó la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Entonces, la actual actitud colaboracionista de la Iglesia no fue tal y el arzobispo de Madrid Monseñor Rouco Varela puso trabas al proceso, lo que contribuyó –con un pacto prácticamente cerrado con la hija del dictador, Carmen Polo– a que no se llevara a cabo. Quien tuvo un papel protagonista en la transición de la dictadura a la democracia fue el cardenal Fernando Sebastián. Un verdadero paradigma de que como sí es posible tejer una relación leal entre la Iglesia y un gobierno socialista. El interlocutor que Sebastián tuvo en La Moncloa fue el vicepresidente Alfonso Guerra. «Era un hombre claro, con el que se podía hablar», le define el religioso en conversación con LA RAZÓN. El trato entre ambos era bueno, correcto, «cada uno desde su terreno», pero con lealtad. «Tratamos de entendernos y superar las dificultades que iban surgiendo». Con Guerra, Sebastián negoció el sistema de financiación a través de la renta, la clase de Religión y evitó las excomuniones a los políticos católicos tras la despenalización del aborto. Precisamente a raíz de este asunto tuvieron la que Sebastián recuerda como la situación de mayor «tensión» entre ambos. Se produjo a cuenta de la «guerra de los catecismos», en un libro escolar de Religión para el Bachillerato, la Iglesia quería incluir el aborto como un pecado que atentaba contra el quinto mandamiento («no matarás»). Al Gobierno de Felipe González no le parecía bien esta redacción y el texto estuvo sin recibir la aprobación del Ministerio de Educación durante varios meses. «Cada uno insistía en sus razones», señala Sebastián, al tiempo que rememora como se resolvió el conflicto. «Optamos por apuntar una nota a pie de página en la que detallábamos que el aborto iba contra el quinto mandamiento», recuerda. También a cuenta de «la famosa crucecita» del IRPF hubo «dificultades». «En contra de lo que solía ocurrir, yo le llamaba y Alfonso no me recibía. Estuvo semanas sin cogerme el teléfono», dice el cardenal, que confiesa que hablaban «con cierta asiduidad. No con una frecuencia fija pero al menos un par de veces al mes».

Entonces, la relación entre Iglesia y Estado se vehiculaba a través de comisiones técnicas que «se reunían frecuentemente». Sebastián echa en falta esta «interlocución» en la actualidad y observa que los postulados hacia la Iglesia se han tornado «más radicales por parte de las izquierdas». No obstante, con la experiencia que atesora, Sebastián emplaza a no dejarse guiar por las palabras y esperar a los hechos, ya que a lo largo de la historia de los gobiernos socialistas siempre se han defendido proclamas que después no se han llegado a materializar.

Entrando en la polémica de Franco, el cardenal considera «totalmente fuera de lugar» que se quiera trasladar la presión a la Iglesia y critica que el «problema» lo haya «suscitado» el Gobierno por no ser lo suficientemente «prudente» como para anunciar la exhumación sin tener todos los trámites bien atados. No obstante, el cardenal Sebastián no cree que este incidente, con tintes incluso diplomáticos con la Santa Sede, vaya a tener una trascendencia tal que sea capaz de romper las relaciones entre la Iglesia y el Estado. «Estas relaciones son un tema de mucha envergadura y no se van a poner en cuestión por un asunto que no es ni mucho menos urgente», zanja.

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