Condenados a quince días de campaña

Recortarla exigiría modificar la Ley Electoral con un acuerdo de todos los partidos, quienes coinciden en ahorrar costes de cara al 26-J

Los partidos políticos no ven margen para acordar entre ellos que se acorte la campaña si hay de nuevo elecciones generales. Esta decisión exigiría una modificación de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG). Y en el actual marco político, y ante un calendario ya tan ajustado, esa posibilidad la dan por «imposible».

La LOREG detalla todo el procedimiento de manera exhaustiva y la modificación de la campaña exigiría un acuerdo de todas las fuerzas que se presentan. Es verdad que los plazos son muy cortos porque las Cortes Generales se disolverán el próximo 3 de mayo. Desde las elecciones generales de diciembre, de momento lo único que han acordado es no acordar nada. Con consenso podría hacerse, pero no se dan las condiciones ni hay tampoco voluntad política, aunque las circunstancias fueran más sencillas de administrar. Sí es imposible cambiar la fecha de las elecciones para adelantarla porque está determinada constitucionalmente.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, alimentó ayer el debate al mostrarse partidario de acortar la campaña si hay consenso entre los grupos. Una reflexión personal, que desde Justicia precisaron con el apunte de que no están trabajando en ninguna iniciativa en ese sentido. De hecho, ya el pasado viernes en Moncloa explicaron que es muy difícil acometer en estos momentos la modificación legislativa necesaria para hacer viable esta propuesta.

En cualquier caso, la discusión afecta estrictamente a la campaña formal, ya que en la práctica todos los partidos han estado mirando hacia una nueva convocatoria electoral desde el pasado 21 de diciembre porque eran conscientes de que la aritmética parlamentaria no facilitaba el acuerdo de gobierno: no sumaban PP y Ciudadanos; y en el lado de la izquierda, tampoco había una mayoría sin la suma del voto independentista. La novedad está en que, desde que el pasado viernes Podemos rompió la baraja, ya todas las fuerzas se han quitado la careta y hablan directamente de las elecciones.

En el debate público seguirá el ruido y los gestos de unos y de otros ante la opinión pública, pero la campaña se saldrá poco de la rutina. En principio, entre las declaraciones de intenciones iniciales está la de que sea más austera. Si bien éste es ya un tema recurrente cuando hay elecciones dentro de un discurso de partido en el que siempre falta transparencia sobre los gastos electorales, con independencia de las siglas.

Los gastos electorales vienen estipulados por ley y se cobran a posteriori sólo si logran constituir grupo parlamentario. Y el mailing es un derecho del elector, recuerdan. Ayer los socialistas movieron ficha al respecto en un gesto con clara intencionalidad política. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, planteó recortar gastos electorales con medidas como que no se pague el buzoneo electoral a los partidos políticos. Apuntó, precisamente, por la vía que más daño puede hacer a IU, porque algunas de sus deudas vienen de ahí. IU no consiguió constituir grupo parlamentario con sus resultados de diciembre y atraviesa una situación financiera apurada. Su situación empeoraría notablemente si ahora tampoco se financia esa partida de gasto.

El PP también mostró su disposición a una campaña sin excesos y con los medios justos para trasladar a la opinión pública sus mensajes. Aunque desde Génova advirtieron de que «se ajustarán a la ley y respetaran los derechos de los electores».

En Ciudadanos, por su parte, se mostraron partidarios de acortar la campaña, como había propuesto el ministro Catalá, pero dudan de que eso sea posible. Su solución para evitarlo no es una modificación legislativa, sino seguir insistiendo en buscar un acuerdo de gobierno en esta Legislatura. Para evitar las elecciones, y no volver a incurrir en un gasto de más de 170 millones de euros, «hace falta sentido común y sentido de Estado».

Podemos defendió la utilidad de la campaña. A los de Pablo Iglesias les conviene la agitación y una alta participación. Las encuestas dicen que los votantes de PP y Ciudadanos son los más predispuestos a acudir a las urnas y los que muestran más fidelidad de voto.