El Congreso despeja la imputación de Ábalos al confirmar al juez del "caso Koldo" su condición de diputado

El secretario general del Congreso de los Diputados ha certificado ya a la Audiencia Nacional la condición actual de José Luis Ábalos "de diputado electo por la circunscripción de Valencia". La Cámara Baja contestó el pasado día 11 al requerimiento efectuado por el juez del "caso Koldo", Ismael Moreno, quien tras tener conocimiento del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que atribuye al exministro de Transportes "un papel relevante y de responsabilidad" en su "relación directa" con la supuesta trama, dio el primer paso para solicitar su imputación.

Dada la condición de aforado de Ábalos, que impide al instructor imputar a Ábalos, Moreno procedió a constatar en primer lugar su condición de diputado -que ahora acredita el Congreso mediante un certificado remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que a su vez ha hecho llegar el documento al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro- antes de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con la relación de indicios que sustentan la petición de imputación del actual diputado del Grupo Mixto.

Será por tanto el alto tribunal el que finalmente tenga en su mano la decisión de investigar a Ábalos por su supuesta relación con la "trama Koldo" de reparto de comisiones millonarias en adjudicaciones públicas para la adquisición de mascarillas en pandemia por parte de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias cuando los presidían la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ahora ministro Ángel Víctor Torres, respectivamente. Contratos por valor de más de 50 millones de euros por los que se repartieron más de 16 millones en comisiones.

El informe de la UCO que ha precipitado la puesta en marcha del mecanismo procesal hacia la imputación del exministro hace hincapié en la "relación directa" de Ábalos con Koldo García, entonces su asesor, y con el empresario Víctor de Aldama, a quien considera el líder de la "organización criminal", y que se refería a Pedro Sánchez como "el 1" y a Ábalos como "el jefe". Aldama se encuentra actualmente en prisión pero no por el "caso Koldo", sino como supuesto cabecilla de una operación delictiva que habría defraudado en el sector de los hidrocarburos más de 180 millones de euros.

Fue la propia Guardia Civil la que, en ese informe, solicitó la imputación del extitular de Transportes. Según ese exhaustivo análisis, Aldama (entonces asesor de Globalia) "se valió de su relación" con Koldo y Ábalos "para influir en la concesión final del rescate a Air Europa".

Esas gestiones habrían llegado hasta el propio Pedro Sánchez, "el 1", según le trasladó en agosto de 2020 Aldama a Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, quien al referirle la actuación de Ábalos al respecto le aseguró -según la UCO- que "habría podido hablar con el presidente del Gobierno para la concesión del rescate por SEPI".

Así, las conversaciones intervenidas han puesto de relieve que el 8 de julio de 2020 Aldama le comentó a Hidalgo que al día siguiente se iba a pasar por el ministerio porque "está todo". "Mañana a primera hora está el 1", le explicó, "la de Hacienda y él" (en referencia a Ábalos) "y está tomada la decisión de que se da".

Días más tarde, el 16 de julio de 2020, la Guardia Civil apunta que se habrían reunido el presidente del Gobierno, la entonces vicepresidenta Nadia Calviño y el propio Ábalos, quien "le habría informado", dando "por sentado" la concesión del segundo crédito del ICO a Globalia.

Para que la imputación de Ábalos se lleve a cabo, el Tribunal Supremo deberá admitir la exposición razonada de la Audiencia Nacional y, una vez designado un instructor, solicitar al Congreso el suplicatorio para poder proceder contra el exministro dada su condición de aforado. Será la Comisión del Estatuto de los Diputados la que se pronuncie en primera instancia al respecto tras escuchar los argumentos del exministro, para lo que dispone de un plazo máximo de 30 días. Finalmente, el Pleno tomará la decisión definitiva que habilita la investigación judicial.