El Congreso tramita la reforma del artículo 49 de la Constitución con el PP en alerta por las cesiones del PSOE

El Pleno del Congreso vuelve a reunirse este martes y lo hará para debatir y votar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que tiene como objetivo quitar el término "disminuidos" para reemplazarlo por "discapacidad". Es un Pleno con un valor político enorme porque supone un acuerdo entre PP y PSOE tras años de máxima tensión entre los dos principales partidos españoles y que puede abrir la puerta a nuevos "consensos". De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo ha apelado a ello este lunes, aunque también se ha mostrado en alerta ante la posibilidad de que el PSOE pueda frustrar la reforma constitucional a última hora por tratar de colar alguna cesión a sus socios independentistas.

La reforma de la Constitución es muy sencilla y tan solo aborda el artículo 49: se articula a través de una proposición de ley que lleva la firma de PP y PSOE. Se va a tramitar por lectura única, por lo que este martes se debate y vota la toma en consideración y la vía de tramitación, y ya el jueves se celebra la votación final con las enmiendas a la totalidad y al articulado. Populares y socialistas se han comprometido a que cualquier enmienda que presenten otros partidos debe contar con el plácet de los dos partidos, por lo que todo apunta a que no habrá cambios.

Al abrirse la puerta de la reforma de la Constitución, empieza el baile de enmiendas entre los partidos con tal de marcar perfil. El PNV tiene la intención de presentar las mismas enmiendas que ya presentó en la legislatura anterior: en total, registró once, de las cuales había algunas de gran polémica. La que más controversia arrastró es la introducción en la Constitución del derecho a decidir: los nacionalistas vascos, a través de la creación de una nueva Disposición adicional, pretenden incluirlo. "La plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado", señala la enmienda. Los nacionalistas vascos también incluyen la corrección del artículo 56 para limitar la inviolabilidad del Rey.

Esquerra o Bildu no presentaron enmiendas (ni tampoco está previsto que lo hagan en esta ocasión), pero Junts sí registró y hay una que, con el paso del tiempo, ha ganado más actualidad que nunca: en este sentido, se pedía reformar el artículo 117 de la Constitución para incluir la amnistía. "Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía", señalaba la enmienda de Junts. También Sumar tiene previsto presentar dos enmiendas.

En cualquier caso, todo apunta a que la reforma de la Constitución saldrá sin ninguna cesión a los socios del Gobierno porque si no, no va a prosperar ya que los dos principales partidos deben apoyarla. La reforma de la Carta Magna requiere de 210 diputados de los 350 que tiene el hemiciclo (es decir tres quintas partes): esa suma solo la pueden conseguir PP y PSOE juntos (suman 258 entre ambas formaciones).

De esta manera, la reforma constitucional está previsto que se ciña al artículo 49, que tiene la siguiente redacción actualmente: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". Con la reforma que pretenden PP y PSOE, el artículo 49 pasaría a estar compuesto por dos puntos. En el primer punto, quedaría recogido lo siguiente: "Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio". En el segundo punto: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

La entidad promotora de esta reforma es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que la promovió ya en 2018. Sin embargo, hasta seis años más tarde, no ha sido posible el entendimiento de PP y PSOE, un reflejo de lo revueltas que han estado las relaciones entre ambos partidos desde que llegara Pedro Sánchez a la Moncloa.