En copias de seguridad y fuera de España: así protege Leire Díez los presuntos trapos sucios obtenidos contra la Policía

Leire Díez, la militante socialista que impulsó una campaña para obtener trapos sucios de la Guardia Civil, atesora numerosa información sobre lo que denomina "las cloacas del Estado". Díez -que se presentaba en sus encuentros como emisaria de Ferraz- ha recopilado durante casi seis años abundante material parte del cual se custodia en el extranjero en el marco de un trabajo conjunto impulsado por una veintena de personas (entre ellas, importantes empresarios).

Fuentes de su entorno confirman a LA RAZÓN que cuentan con numerosísima información sobre presuntas prácticas irregulares de la Policía Nacional y que la misma se conserva en una veintena de copias de seguridad. Algunos de estos dispositivos, aseguran, estarían a buen recaudo en el extranjero. Se trata de un material vinculado con la presunta "policía patriótica" pero que salpicaría también a jueces y fiscales. Precisamente estos últimos han estado en el punto de mira de esta "fontanera" del PSOE que, coincidiendo con el avance de las causas que acorralan al entorno de Pedro Sánchez, intensificó sus acciones para encontrar trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO).

Sin embargo, mucho tiempo antes de que se impulsara esta campaña de índole político, Díez y un nutrido grupo de personas que dicen sentirse perjudicadas por investigaciones policiales, pusieron en marcha un equipo de trabajo para denunciar estos hechos. Muchas de ellas no tienen relación con el PSOE y simplemente luchan por motivos estrictamente personales. En ese sentido, y tras destapar El Confidencial el audio de una de las reuniones mantenidas por la emisaria de los socialistas, este grupo que integra la emisaria de Ferraz ha dado un paso al frente. Las voces consultadas explican que han comenzado a ofrecer el material recopilado desde el año 2019 a todos los partidos políticos del arco parlamentario.

Entrega a los partidos políticos

El objetivo, dicen, es que todas las formaciones, sin distinción, tengan acceso a lo recopilado. "Para que no se pueda hablar de partidismo. Lo que queremos es que se limpie el sistema", aseguran. En concreto, se ha puesto a disposición de las formaciones políticas más de un centenar de presuntas irregularidades cometidas por la Policía Nacional en el marco de importantes investigaciones de corrupción. Dichas actuaciones salpicarían, según explican, a determinados miembros de la judicatura.

Pese a ello, de la reunión que Díez mantuvo con el empresario Alejandro Hamlyn se desprende que no solo buscaba denunciar irregularidades, sino también trapos sucios de la UCO en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez. La "fontanera" del PSOE tanteó a este empresario investigado en una importante causa contra el fraude de hidrocarburos por sus actuaciones contra la Guardia Civil. Hamlyn les dijo que había estado cinco años trabajando con un equipo y recopilando información contra la UCO para desmontar, aseguró, las pesquisas por las que la Fiscalía Anticorrupción pide más de 50 años de cárcel para él.

Como informó este domingo LA RAZÓN, la Audiencia Nacional ha ordenado a la Interpol que confirme si es cierto que tiene impedido salir de Dubái. Su defensa alegó que este motivo y no otro fue el que le imposibilitó estar en la primera sesión de juicio por estos hechos que acogió la Audiencia Nacional hace siete días. Sin embargo, el tribunal, que se vio obligado a suspender la vista por su ausencia, no quiere más dilaciones y trata de localizarle antes de dictar una orden de búsqueda y captura contra él.

La fontanera que habló en nombre del PSOE

En su reunión con la "fontanera" del PSOE -que él mismo grabó- Hamlyn les ofreció información clave de la Guardia Civil. Leire Díez habría picado en el anzuelo. "Quiero cortarlo cuanto antes porque lo que no podemos estar es en permanente dolor tanta gente". Y señaló directamente a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO. "No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas", le dijo. También pidió información clave del capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y del fiscal Anticorrupción, José Grinda, quien lleva procedimientos que afectan directamente a algunas de las personas implicadas en estos hechos. El propio Grinda denunció ante su superior, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que hace apenas unos meses le extorsionaron para que abandonara las investigaciones en curso y dejara su plaza en Anticorrupción.

Díez también buscó información sensible de terceros que poco o nada tenían que ver con las irregularidades denunciadas. Así, tanteó rastreó trapos sucios del Partido Popular (y muy especialmente del gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla) y rastreó información de jueces y fiscales que lideraban causas que afectan a Moncloa. Esta campaña, que se intensificó tras la famosa reflexión de los cinco días de Pedro Sánchez, se extendió por toda España. En concreto, buscó información de jueces que podrían investigar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez o de Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez.

Además, Díez se interesó por la comisión en el Congreso de los Diputados sobre la operación Cataluña; la campaña que habría impulsado la 'policía patriótica' para investigar de manera ilegal a líderes independentistas catalanes. En este sentido la "fontanera" del PSOE tanteó a los testigos que iban a declarar en la Cámara Baja para que beneficiaran a la formación socialista en sus comparecencias. A cambio, conocedora de que algunos de ellos tenían problemas con la Justicia, se les ofrecía ayuda. Del mismo modo, protagonizó dos reuniones con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo.

El bulo que acecha a Moncloa

El objetivo en este caso era el mismo: obtener información de la UCO para perjudicarles y, de paso, ofrecerle un cambio de defensa letrada para que les llevaran abogados de su cuerda. No obstante, si hubo un procedimiento en el que pusieron el foco fue el de la trama de hidrocarburos que afecta a Hamlyn. En este asunto tanteó a varios despachos de abogados de los imputados. Las fuentes consultadas explican que Díez se presentó siempre como una emisaria de Ferraz, aunque ahora el PSOE ha cerrado filas desligándose de esta militante. Ella, por su parte, ha defendido en un chat de Whatsapp con militantes del PSOE que pronto toda la verdad saldrá a la luz.

Con todo, uno de los objetivos de Díez, el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, ha estado en el foco de la polémica este fin de semana por unos mensajes que se difundieron de manera sesgada y en los que se le atribuía la intención de poner una bomba lapa contra el presidente del Gobierno. Se trataron de unas conversaciones manipuladas y sesgadas toda vez que la secuencia completa de las mismas, desveladas por el diario The Objective, evidenció que era justo al revés: por su actuación en causas complejas que salpican a Moncloa era él quien temía que, lejos de reconocer su labor, le acabaran poniendo una "bomba lapa en los bajos". Los ministros Óscar López, Pilar Alegría y María Jesús Montero se negaron a rectificar sus acusaciones contra él.