Del correo filtrado a rozar el banquillo: la cronología que acorrala al fiscal general

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vive uno de los momentos más delicados de su carrera tras la reciente decisión del juez del Tribunal Supremo de procesarle por un delito de revelación de secretos.

Todo comenzó con la supuesta filtración de un correo relacionado con Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En menos de un año, este caso ha llevado al máximo representante del Ministerio Público a encontrarse muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados.

Esta es la cronología de los hechos que han situado a García Ortiz en el centro de una crisis judicial, política y mediática sin precedentes.

Nombramiento polémico (agosto de 2022)

Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el principio, su designación levantó recelos dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cuestionó su idoneidad para el cargo.

A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantuvo su respaldo. Sánchez, en la campaña electoral de 2019 dejó para las hemerotecas una polémica y preocupante declaración durante una entrevista en RNE: "¿La Fiscalía de quién depende, del gobierno? Pues ya está".

Con el tiempo, la tensión fue en aumento, hasta que en mayo de 2024 el Congreso aprobó una moción de reprobación contra él pero esta no prosperó porque salieron al rescate todos los socios del Gobierno.

Inicio de la investigación

La Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal. El 2 de febrero, el abogado del empresario remitió un correo electrónico a la sección de delitos económicos de la Fiscalía madrileña en el que proponía un acuerdo de conformidad, reconociendo parte de los hechos y ofreciendo una compensación económica.

Marzo de 2024: la filtración que desató la polémica

El 13 de marzo, varios medios de comunicación difundieron detalles del correo enviado por la defensa de González Amador. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de García Ortiz, redactó una nota oficial en la que confirmó parte del contenido y negó informaciones falsas que circulaban en medios y redes sociales. El comunicado salió publicado con el membrete de la Fiscalía Superior de Madrid.

La oposición aprovechó la situación para acusar al fiscal general de filtrar información sensible con fines políticos, lo que desató un fuerte enfrentamiento institucional.

El Tribunal Supremo decidió el 16 de octubre abrir una investigación penal contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez que se inicia un proceso de este tipo contra un fiscal general en democracia.

Durante ese mes, la Guardia Civil intervino dispositivos y revisó correos electrónicos del fiscal y su equipo de la cúpula del Ministerio Fiscal. Uno de los aspectos que llamó la atención fue que García Ortiz cambió de teléfono móvil pocos días después de que la investigación saliese a la luz.

Primeros indicios

En noviembre de 2024 la Unidad Central Operativa (UCO) concluyó que García Ortiz tuvo un papel destacado en la elaboración de la nota oficial que confirmó la filtración. Sin embargo, no encontró pruebas directas de que él o su equipo hayan difundido el correo a los medios.

Marzo de 2025: prórroga en la instrucción

El magistrado encargado del caso, Ángel Hurtado, decidió prorrogar la investigación seis meses más para poder analizar todas las pruebas y esperar resultados de diligencias internacionales. La presión política no cesó: mientras el PP reclamaba la dimisión inmediata del fiscal general, el Gobierno salió en su defensa.

Junio de 2025: a un paso del juicio

El 9 de junio, el juez instructor propuso procesar a Álvaro García Ortiz y a la fiscal Pilar Rodríguez. Según el auto, ambos facilitaron la difusión de información confidencial incluida en un correo electrónico clave relacionado con el entorno de la presidenta madrileña.

La Abogacía del Estado solicitó el archivo del procedimiento al considerar que no existen pruebas concluyentes y que la información ya era pública antes de la nota oficial, pero el caso sigue abierto.

Con el procesamiento, García Ortiz se convierte en el primer fiscal general que se enfrenta a un posible juicio por un presunto delito cometido en el ejercicio de sus altas funciones públicas.

Este caso ha provocado un intenso debate político y judicial. Lo que empezó con un correo electrónico podría acabar afectando la relación entre la Fiscalía, el Ejecutivo y el Poder Judicial