a proveedores para su «caja B»

El proceso para engordar la supuesta «caja B» de UGT-A con subvenciones de la Junta de Andalucía incluía instrucciones precisas a sus proveedores sobre cómo facturar los servicios –algunos de ellos inexistentes– para imputar el gasto a programas de ayudas de la Administración. En ocasiones, se inflaban las facturas para que la organización sindical dispusiera de un dinero que gestionaba posteriormente a su antojo: bien contratando nuevos servicios con dicha empresa o reclamándoles el dinero en efectivo. De ambos supuestos existe constancia documental que ahora revisa la Guardia Civil, que estudia el destino final de esos fondos públicos.

En un correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico, se muestra el modus operandi con el que trabajaba la trama. La jefa de compras de UGT-A, una de las detenidas en la segunda fase de la «operación Cirene», da instrucciones a una de las empresas registradas el martes, Siosa, para imputar a un programa determinado de la Junta la mejora de la intranet del sindicato. Lo más llamativo del caso es que le pide al proveedor que le facture de más para disponer de un saldo a favor. En concreto, le reclama que le cobre 30.000 euros –IVA incluido– por un trabajo de 28.353 euros, generando así un «bote» a su favor de más de 1.600 euros, «dinero que Paco –en referencia a Francisco Fernández, entonces vicesecretario de Organización y luego secretario general– descontará de las cuentas con vosotros». No es la única irregularidad que se puede constatar: el sindicato ni tan siquiera tiene constancia de «si el proyecto está terminado o no» y además, solicita que la factura tenga como fecha abril de 2011 cuando la comunicación es de tres meses más tarde, julio de 2011.

Los empresarios detenidos y que ayer pasaron a disposición judicial ratificaron esta manera de trabajar del sindicato y aseguraron que se limitaron a «cumplir órdenes», creyendo que todo lo que hacían era «legal». Algunas, como las representantes de Publicar DM, admitieron el cambio de conceptos en facturas por petición de los responsables ugetistas. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, dictó auto de libertad con cargos para el gerente y un comercial de la empresa Chavsa; para el administrador de Viajes Macarena y para un representante de Lienzo Gráfico Impresores, empresas todas ellas radicadas en Sevilla capital; dos hermanas representantes de la empresa Publicar DM de Madrid; dos representantes de la empresa de aplicaciones informáticas Siosa; y para Miguel Ángel González Guzmán, administrador de la empresa KND Caronte, radicada en Jaén. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar para ellos. El magistrado imputa a estos detenidos dos presuntos delitos de falsedad y contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones. Hoy está previsto que declare Federico Fresneda, ex tesorero de UGT-A.