Varios correos y whatsapp destaparon la trama de la Diputación de Valencia

El presidente de la Diputación de Valencia quedó ayer en libertad con cargos y se negó a declarar.

Los seis detenidos el pasado miércoles en la denominada «operación Alquería» quedaron ayer en libertad con cargos tras comparecer ante el juez que lleva el caso. Los arrestados, que pasaron la noche en el calabozo, eran Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia por el PSPV, el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.

Tal y como se esperaba, todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar.

La Fiscalía no pidió el ingreso en prisión dado que no advierte en los mismos riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que, tal y como pudo saber LA RAZÓN, la Policía ha documentado suficientemente la acusación del Ministerio Público.

Según fuentes de la investigación, existen correos y whatsapp que vincularían al todavía presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, con la contratación de los altos cargos de Divalterra.

Al parecer, es éste el meollo del asunto y pese a que se barajaba la posibilidad de que hubiera algo más dada la magnitud de la operación, parece ser que las pesquisas policiales y de la Fiscalía se centran en la contratación injustificada de siete cargos directivos de la empresa Divalterra. El coste de los sueldos de dichos directivos, si hubieran estado contratados desde 2015 hasta 2019, más sus respectivos finiquitos, fue estimado en la denuncia presentada en el mes de marzo por Ciudadanos, en dos millones y medio de euros. Fuentes judiciales rebajaron la cifra a unos dos millones de euros.

En cualquier caso, las fuentes judiciales explicaron que la acusación del Ministerio Público era muy firme a la hora de reclamar que se les impute el delito de malversación, especialmente después de la última reforma legal que incluye la administración desleal como una forma de malversación. De este modo, la contratación de los altos cargos entraría de lleno en la nueva tipificación del delito.

La operación desarrollada el miércoles y que llevó a la Policía a practicar registros tanto en la Diputación de Valencia como en el Ayuntamiento de Ontinyent, así como en domicilios particulares de los detenidos, buscaba datos que corroboraran dichas contrataciones, y de momento no consta que se buscaran documentos relativos al Ayuntamiento de Ontinyent.