
Tribunales
Cristóbal Montoro fía su defensa al abogado del equipo de Ana Duato
El exministro se persona en la causa contra él y denuncia en un primer escrito ser víctima de la "pena de banquillo"

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro se ha personado en las diligencias abiertas contra él por delitos de corrupción y lo ha hecho con el abogado valenciano Javier Gómez-Ferrer. El exdirigente popular confía de esta forma su defensa a un prestigioso penalista valenciano y abogado que ha integrado el equipo de Ana Duato en el procedimiento que se siguió contra ella por el caso Nummaria y del que ha resultado absuelta.
En un escrito que adelanta LA RAZÓN, el nuevo abogado de Montoro denuncia que, aunque conoció de la existencia de este procedimiento a través de la prensa, no ha sido hasta el 19 de junio de este año cuando ha sido notificado formalmente de la existencia del mismo. "Esta es la primera vez que se le da cuenta formal de la existencia de dicho procedimiento y de que el mismo se dirige contra él, como otros investigados", reza el penalista y también abogado del Estado.
Según expone, en estos años había tenido conocimiento de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona "que podría estar relacionada con su persona y actividad como ministro del gobierno de España". Al respecto, el abogado ha apuntado ya en este primer escrito al juzgado el perjuicio que le ha ocasionado mantener la investigación secreta durante siete años así como las "interesadas filtraciones" sucedidas sobre las diligencias.
"Pena instrumental de banquillo"
"Hasta la fecha del mencionado auto, mi representado ha tenido que soportar reiteradamente interesadas filtraciones relacionadas con el presente procedimiento, generándole una inexcusable indefensión; por un lado, por cuanto el procedimiento ha permanecido secreto y así se ha mantenido (inusitadamente) durante 7 años aproximadamente, impidiendo a mi representado conocer qué es lo que se estaba investigando", expone.
Al hilo, desliza que estos años de investigación secreta han vulnerado su derecho fundamental a la defensa, abriendo la puerta de esta manera a un futurible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Sobre ello sostiene que se ha visto sometido a una indefensión prolongada en el tiempo y a una "pena instrumental de banquillo" a raíz de todas las informaciones que se han ido publicando sobre esta trama de corrupción en el marco de la cual se investigan los pagos que canalizó el despacho Equipo Económico de empresas gasistas a cambio, presuntamente, de legislar a favor de sus intereses.
Con este primer escrito, la defensa de Montoro anuncia su personación "en calidad de investigado" en el procedimiento a la par que pide acceso al contenido íntegro de las actuaciones que arrancaron en 2018. Además, reclama que se suspendan los plazos y los señalamientos hasta que le den traslado de todo el material del caso para poder proceder a su estudio y análisis.
Siete años bajo secreto
El que fuera ministro de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy se pronuncia después de que otros investigados en el procedimiento -como es el caso de Vicente Tutor, socio director de Equipo Económico- solicitaran la nulidad de las actuaciones por una presunta extralimitación de la Policía Judicial al haber analizado el contenido de un correo electrónico localizado de manera "casual" en 2017 en el marco de otras pesquisas, sin la debida autorización judicial.
A Tutor, que sostiene que el informe policial sobre estas fuentes de prueba es "nulo de pleno derecho", se adhiere también el propio despacho, imputado como persona jurídica, que se apoya en los siete años que se han mantenido estas pesquisas bajo secreto de sumario. Se trata de un alegato que el propio Montoro también defiende en su escrito, el marco del cual denuncia que durante todos estos años se le ha impedido conocer "qué es lo que se estaba investigando".
Cabe recordar que el instructor del procedimiento, Rubén Rus, imputó a Montoro y a una decena de personas (entre ellas alto personal de su Ministerio) por tejer presuntamente una trama para impulsar reformas legislativas a cambio de empresas del sector gasista que les habrían derivado importantes pagos camuflados en supuestos servicios de asesoría prestados por Equipo Económico.
Desvío de fondos a través de sociedades pantalla
Montoro ha defendido al respecto que, aunque fundó dicho ente a finales de la década de los 2000, no ha tenido nada que ver en posteriores actuaciones. Sin embargo, el juez le ubica dentro de este entramado que, además, se habría valido de una maraña de sociedades a las que habrían ido desviando los fondos obtenidos. La Agencia Tributaria identificó en sus pesquisas varias mercantiles (creada la última de ellas en octubre de 2012) que recibieron pagos entre 2008 y 2015 de Equipo Económico "de manera ininterrumpida.
Al respecto, el fisco detectó que dichas mercantiles aparecían vinculadas a los socios de los miembros del despacho y que las mismas carecían de medios materiales y personales para ejecutar los contratos firmados con el despacho fundado por Montoro.
La investigación pivotó en torno a los abonos de las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) tras constatarse que consiguieron modificaciones legales que le beneficiaron, tales como la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad con la que este sector se ahorró millones de euros en impuestos.
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