La Cruz de los Caídos de Dueñas, en manos de un juez

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia acordó el pasado marzo la suspensión cautelar de la retirada de la Cruz de los Caídos de Dueñas (Palencia), aprobada por el Ayuntamiento en noviembre de 2024 a instancias de una moción presentada por el grupo municipal IU-Podemos que salió adelante con la abstención de los tres concejales del PP y los cinco del PSOE.

La retirada fue aprobada en base a la Ley de Memoria Democrática, pero la Fundación Española de Abogados Cristianos considera este acto un ataque a la libertad religiosa y al patrimonio.

El juez estimó la solicitud de Abogados Cristianos, que recurrió la decisión municipal y pidió la paralización de la retirada del monumento.

Consideró el magistrado que, “pudiendo eliminarse el listado de “los caídos” [...], ninguna objeción, desde la perspectiva del artículo 16.3 de la Constitución Española, puede haber para que un conjunto escultórico constituido por “La Cruz y El Sagrado Corazón” se mantenga en la Plaza de la Paz -nunca mejor dicho-”.

"Peana con los caídos"

La resolución distinguía entre la cruz y el Sagrado Corazón, puesto que "per se no pueden confundirse con la peana donde figuran los nombres de los caídos" y que la retirada de las placas con nombres y referencias a figuras vinculadas al franquismo sería compatible con la moción aprobada, dada la disposición de la Abogados Cristianos a la "sustitución del lema José Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!' y el listado de fallecidos".

Esta mañana, el historiador palentino y miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Pablo García Colmenares, compareció como perito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, donde presentó un informe que avala la retirada del monumento.

Su testimonio, solicitado por Izquierda Unida-Podemos, se contrapone a los argumentos de la Fundación Española de Abogados Cristianos, que defiende la conservación del monumento.

García Colmenares explicó, en declaraciones a Efe, que la cruz, junto a los elementos que la componen, constituye "el símbolo del nacional catolicismo, de la iglesia y del Estado, que reasignan a todas las víctimas de la Guerra Civil, y subliman el culto a los caídos por Dios y por España".

En su opinión, el monumento debe entenderse como un conjunto inseparable, reflejo de la utilización de "los caídos por una España católica".

De hecho, insistió en que "tratar de descontextualizarlo todo no tiene sentido", ya que la cruz tenía el propósito de "sublimar a esos muertos, de darles un sentido y justificar el golpe de estado para tener una España mejor, una España cristiana frente a la España atea y republicana".

Colmenares afirmó que Abogados Cristianos está "tratando de distorsionar la historia y la memoria", ya que "la historia son los hechos, lo que ocurrió, y tratar de reasignar un significado a los hechos es equivocado incluso desde el punto de vista religioso".

Por su parte, el letrado de Abogados Cristianos, José María Fernández, presente en la declaración judicial, cuestionó el informe pericial, sobre el que apuntó a los periodistas que "omite algunas cosas", como la existencia de una placa en la Plaza de la Paz que recoge los nombres de asesinados del bando republicano.

Además, aseguró que el informe no menciona que entre los nombres del monumento original figuran "seis mártires que fueron asesinados por su fe y por tanto en nada exaltan al franquismo".

La Fundación Abogados Cristianos propone, como alternativa al derribo, el mantenimiento íntegro del monumento "ya que forma parte del patrimonio nacional de todos los españoles y que además tiene el nombre de asesinados del bando republicano que también merecen ser recordados".

En caso de que no sea posible, solicitan que al menos se conserven el Sagrado Corazón y la Cruz “porque es un monumento muy bello que forma parte del patrimonio".

Fernández señaló además que "en el entorno hay recuerdo a las víctimas del otro bando y que por tanto si hay que entender el monumento como un todo, hay que entender también la plaza de la Paz como un todo".

La suspensión cautelar se mantendrá hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto que se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que busca la retirada de símbolos franquistas.