Cuatro años de proceso y un final incierto

El 21 de diciembre de 2010, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero declaró ante la Policía Judicial que la Junta de Andalucía disponía «de un fondo de reptiles para crisis, con procedimiento distinto, una masa económica para crisis que tenían que afrontar con empresas que necesitaban respirar». La jueza Mercedes Alaya ya instruía entonces el «caso Mercasevilla», donde se encontraron los primeros trabajadores «intrusos», personas que estaban cobrando una prejubilación financiada por la Junta pese a que nunca habían trabajado en la empresa que había presentado el ERE. En enero de 2011, la magistrada abrió las diligencias previas 174/2011 por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Es el inicio del caso de los ERE, que ha vivido ahora uno de sus puntos culminantes con el traslado al Tribunal Supremo por parte de la instructora de la exposición razonada que motiva la presunta implicación en los hechos de nueve personas que gozan de fuero por su condición de diputado nacional o autonómico: los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros de la Junta José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Mar Moreno y Manuel Recio. En el texto remitido a la Sala Segunda, Alaya considera que durante el periodo investigado la Junta dispuso de manera «ilegal» de 855 millones, «los cuales se habrían desviado en ayudas para favorecer

a terceros en detrimento del resto de administrados». Como consecuencia de los más de tres años de investigación, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado a 201 personas –incluyendo los «señalados» como aforados–. El fin del proceso depende ahora de lo que decida el Supremo a partir del próximo mes de septiembre.