Cataluña

¿De qué se acusa a los convocados a la vistilla?

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Raül Romeva: Acordó el 1-O con Puigdemont y Junqueras

La Guardia Civil le atribuye «una participación fundamental» en la internacionalización del «procés» en el extranjero, una labor que llevó a cabo «en el ejercicio de sus funciones públicas». Como miembro del Govern, se le responsabiliza además del decreto de convocatoria del 1-O, considerándole uno de los principales artífices del referéndum ilegal junto a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Ese acuerdo parlamentario, subraya el Instituto Armado, fue aprobado de hecho a propuesta de Junqueras, Jordi Turull y el propio Romeva.

Entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, se le sitúa en cinco reuniones sobre la hoja de ruta del proceso soberanista, a tres de las cuales asistió también Puigdemont. En una de ellas expresó que a nivel internacional sólo se les escucharía «si iban en serio hasta el final». Como conseller de Exteriores, Romeva autorizó los gastos de Diplocat para la difusión internacional del «procés» y en la contratación de «observadores» internacionales (consta el pago de 119.700 euros para este fin).

Marta Rovira: Anunció movilizaciones si se impedía votar

Suscribió en nombre de ERC la hoja de ruta unitaria en marzo de 2015 y asistió, según la Guardia Civil, a una decena de reuniones, entre esa fecha y septiembre de 2016, para avanzar en la hoja de ruta independentista, entre ellas una en la que, el 30 de junio de ese año, se optó por la vía unilateral porque «era evidente que no habría ninguna propuesta española».

En las conversaciones telefónicas intervenidas aborda con Josep Maria Jové, número dos de Junqueras en Economía y encargado supuestamente de la logística del referéndum ilegal, el proyecto de voto electrónico para el 1-O y los locales para guardar las papeletas. Según la Guardia Civil, Jové daba cuenta a Rovira de sus gestiones para conseguir que el día de la votación suspendida por el TC «se contase con los locales necesarios donde establecer las mesas electorales». En sus declaraciones públicas insistió en que si el Gobierno quería impedir el 1-O «movilizarían a los ciudadanos» y que ante una suspensión o inhabilitación del TC «no se detendrían».

Josep Rull: Asistió a cinco reuniones sobre la hoja de ruta

Como miembro del Govern, participó en la aprobación de los decretos de convocatoria del referéndum y posteriormente «asumió la responsabilidad solidaria de las decisiones» del Ejecutivo de Puigdemont. La Guardia Civil le sitúa en cinco reuniones sobre la hoja de ruta entre julio de 2015 y enero de 2016, en las que se discutieron, entre otros asuntos, la «transición nacional», las leyes de desconexión y la declaración de independencia. Rull apostaba por matizar la estrategia para completar una mayoría independentista, en consonancia con Artur Mas, un paso atrás que la CUP no aceptó.

En sus declaraciones públicas sostuvo que recuperarían en las urnas «lo que habían perdido por las armas» y, tras la llegada de tres ferries a Cataluña para alojar a las Fuerzas de Seguridad, acusó al Estado de que «para reprimir no había congelación de cuentas ni límites al déficit público». Según él,

la presencia de la Policía en el Puerto de Barcelona «entorpecía» las exportaciones.

Dolors Bassa: Base de voluntarios para el referéndum

Su consellería abonó 197.492,04 euros a la empresa encargada de todo lo relacionado con el suministro de papeletas, censo electoral y citación a los integrantes de las «mesas electorales». Además, en el marco de las investigaciones que lleva el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se han encontrado indicios de que desde su Departamento se desarrolló una «base de voluntarios para la realización del referéndum» ilegal, lo que vendría a demostrar su «participación directa en la financiación y desarrollo de la logística necesaria para que se pudiera finalmente celebrar.

De uno de los correos intervenidos se desprende que «alentó a la movilización social», felicitando a los que participaron en los actos que culminaron en el «asedio» a la comitiva judicial que registraba la Consejería de Hacienda; y, a la vez «informó e invitó» a los trabajadores de la Generalitat a participar en la huelga del 3 de octubre». Tuvo una participación «activa» en el 1-O.

Carme Forcadell: Tramitó las leyes de desconexión

Antes de ser elegida presidenta del Parlament ocupó la máxima responsabilidad de la Asociación Nacional Catalana y, como tal, suscribió la «hoja de ruta» secesionista, en marzo de 2015. Tras las elecciones autonómicas de septiembre de ese mismo año, fue designada presidenta de la Cámara y desde ese cargo tuvo un papel determinante en todo el «Procés»: «Autorizó las votaciones de las leyes de desconexión», entre las cuales figuraba la relativa a la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la independencia y permitió que se votase la propuesta de declaración de independencia. En tres de esas leyes determinantes «no respetó los informes emitidos» por el letrado mayor del Parlament y el secretario general de la Cámara, «quienes advirtieron por escrito que la tramitación de esas normas estaban afectadas pro las resoluciones del TC y que, como presidenta tenía que impedir y paralizar cualquier iniciativa que ignorase la nulidad de eses resoluciones», lo que no hizo.