Debate en la cúpula del PP sobre los pactos con Vox

El presidente Pedro Sánchez tuvo en cuenta en su decisión de adelantar las elecciones generales a mitad del verano el objetivo de utilizar a su favor, en un marco agónico para los socialistas, la constitución de los nuevos Parlamentos y Gobiernos autonómicos y las obligadas negociaciones entre PP y Vox, que se derivaban de los resultados en plazas muy relevantes. Moncloa, que maneja encuestas que dejan al PSOE por debajo de los cien escaños, ya ha puesto en marcha su ofensiva para utilizar estas negociaciones como instrumento de movilización de la izquierda. La realidad es que tanto los estrategas socialistas como populares comparten la impresión de que la alerta antifascista no le funciona ya a la izquierda en las urnas, que el acuerdo PP y Vox está normalizado entre los votantes del centroderecha, y que estas negociaciones postelectorales no tienen capacidad de alterar el contundente cambio de ciclo que manejan como principal hipótesis de trabajo.

Ahora bien, el equipo de Sánchez sí cree que puede utilizar el ruido de los pactos en la derecha para taponar la fuga de voto moderado y socialista a la lista del PP, y que también afecte a la distribución de escaños entre PP y Vox por restar fuerza al lema del voto útil.

La apertura de las negociaciones con Vox ha abierto en las últimas horas un debate en el principal partido de la oposición sobre el procedimiento y los plazos, sobre todo por las consecuencias del pacto firmado por el valenciano Carlos Mazón. El líder popular y otros «barones» de su máxima confianza han defendido desde el primer momento la estrategia de resistir en las negociaciones, prolongarlas en el tiempo todo lo posible, y, sobre todo, cobrarse caro cualquier posible acuerdo con el partido de Santiago Abascal, con líneas rojas programáticas irrenunciables. Otras voces, sin embargo, empezaron a presionar en contra de este criterio inicial, con el argumento de que lo mejor era acelerar lo más posible los acuerdos y alejarlos de la campaña de las elecciones generales. Al frente de estas presiones por pactar cuanto antes se situó el líder de los populares valencianos, que, finalmente, el pasado martes tiró hacia adelante por cuenta propia, con un balance de daños que ha encendido las alarmas en la dirección nacional del partido. Los candidatos con expectativas de poder no están dispuestos a desaprovechar esa posibilidad, pero la estructura nacional está preocupada por la necesidad de hacer compatible esas ambiciones con el interés del partido el 23-J y la obligación de no incurrir en contradicciones.

Mazón dio a entender ayer, en una entrevista con Susanna Griso en «Espejo Público», que el acuerdo de gobierno de coalición, que había firmado en la víspera con Vox, no había sido conocido en su literalidad previamente, el mismo martes, por Feijóo. Aunque es cierto que Mazón llevaba tiempo defendiendo ante Madrid su voluntad de acelerar el pacto, y que tenía el apoyo de otros dirigentes. Una vez conocido el resultado, preocupa la generalidad de lo firmado y la imagen que se ha trasladado de que la incorporación de Vox al gobierno valenciano sale casi gratis, salvo la decisión de vetar al líder de los verdes en la comunidad, condenado por maltrato, que irá como número uno al Congreso el 23-J.

El sentido de la estrategia seguida en Valencia fue ayer corregida en Murcia, donde los populares, en sintonía con el criterio de Génova, no han permitido que la formación que dirige Santiago Abascal tenga un puesto en la Mesa del Parlamento. Vox ha reaccionado airadamente con la amenaza de un adelanto electoral, ante lo que el PP que preside Fernando López Miras responde con la confirmación de que «queremos un Gobierno sólido, fuerte y estable». La consigna en Murcia es trabajar para gobernar en solitario, la misma que repiten desde el entorno del presidente nacional del PP.

La situación en Murcia es distinta a la que hay en la Comunidad Valenciana. En Murcia el PP se quedó el pasado 28 de mayo a dos diputados de la mayoría absoluta, y su decisión es plantarse ante Vox y constatar su voluntad de gobernar en solitario. En Murcia, igual que en la Comunidad Valenciana, Vox exige la Presidencia de la Asamblea. El PP suma en Murcia más que toda la izquierda junta, y la abstención de Vox en la investidura permitirá alcanzar la Presidencia a López Miras. Esta circunstancia tampoco se da en la Comunidad Valenciana.

El PP de Aragón, con Jorge Azcón a la cabeza, también está dispuesto a trabajar «en equipo», y a retrasar la negociación con Vox, cociéndola a «fuego lento». En Aragón el Parlamento se tiene que constituir el 23 de junio, y el 23 de agosto vence el plazo para que se celebre el debate de investidura. La mayoría está en 34 escaños, y el PP ganó el 28M con 28 escaños, mientras que Vox obtuvo siete.

Extremadura es otra patata caliente para el PP. Su líder, María Guardiola, ha transmitido hasta ahora el mensaje de que no va a ceder ante las exigencias de Vox, y desde Madrid aclaran que a día de hoy el pacto con Vox «está difícil», En Extremadura la asamblea se constituye el 30 de junio, y el Pleno de investidura debe celebrarse en los 15 días siguientes a la sesión de constitución. Baleares también está en la diana.