Defensa debe hacer públicas las actas del cambio de nombre de la Bandera Comandante Franco

La Plataforma Patriótica Millán Astray presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la retirada de la Bandera Comandante Franco del Tercio Gran Capitán 1º de La Legión, con base en la Comandancia General de Melilla, una vía judicial que inició la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia después de que el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicara una resolución por la que la unidad pasó a denominarse Bandera España.

Uno de los aspectos jurídicos controvertidos de este pleito es el relativo a la consideración de la naturaleza jurídica de las actas del Comité de Seguimiento de la Memoria Democrática en el ámbito de Defensa y su impacto o no en la decisión de la titular de la cartera, Margarita Robles, de retirar el nombre original.

Para el ministerio, estas actas no son información pública pues van «referidas a información que tiene carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas», y por lo tanto no se pueden entregar.

Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dictado una resolución favorable a los veteranos legionarios de la Plataforma Millán Astray en la que determina que en ningún caso tendrá la consideración de información de carácter auxiliar o de apoyo aquella que «tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad política del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación». En consecuencia, apremia al Ministerio de Defensa su entrega, que había sido solicitada en diciembre de 2022 y denegada en enero de este año, motivo que provocó la reclamación ahora avalada por Transparencia.

Según determina el CTBG, «en las actas de las reuniones de un órgano colegiado no se recogen, como contenido mínimo necesario, las discusiones y deliberaciones integras ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo “los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados”». Estima además que ni «la mera referencia genérica a lo que se debatió, y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados pueden quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación. Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron».

Por ello, en la resolución con referencia 575-2023 y firmada el 29 de agosto, Transparencia insta a Defensa que aporte al reclamante, con copia para el CTGB, «todas las actas emitidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria Democrática del Ministerio de Defensa, desde su constitución»; «todos los requerimientos de actuaciones o peticiones que ha recibido dicho comité, en especial los del senador [Carles] Mulet» [Compromís]; «todos los informes que ha recibido, tanto jurídicos como de otra índole, en el ejercicio de sus funciones», y «copia de la publicación en el BOE de la creación de dicho comité así como Reglamento sobre su funcionamiento».

Desde la Plataforma Patriótica Millán Astray manifiestan su «satisfacción por esta nueva resolución favorable del Consejo de Transparencia» y señalan «la falta de respeto generalizado del Ministerio de Defensa hacia los veteranos de las Fuerzas Armadas en general y, en particular, a los de La Legión», a los que, denuncian, «tiene prácticamente abandonados, habiéndose convertido en una Administración reactiva y en ocasiones hostil hacia ellos y lo que significan para España».

Tanto para los veteranos legionarios como para la Fundación Franco, la Bandera Comandante Franco se llama así para honrar a un comandante de la Legión –primer jefe de esa Bandera– y su unidad en memoria de la «trascendente» actuación que supuso el socorro de Melilla en 1921, y por sus dotes y capacidades como jefe militar de tal fuerza, junto al hecho de que esa denominación fue reconocida por el propio Ministerio de Defensa 17 años después de su fallecimiento, en 1992, durante el Gobierno socialista de Felipe González. «La razón por la que se cambia el nombre es totalmente ajena a la finalidad y objetivo de la Ley de Memoria Democrática», defienden. La Plataforma Millán Astray añade la «irretroactividad» de la norma más sancionadora, como es la LMD, cuando «el propio ministerio reconoce que la Bandera Comandante Franco había pasado el filtro» de la Ley de Memoria de 2007.