La Constitución Española contiene un artículo que permitiría el reclutamiento forzoso en caso de guerra

Después de que el pasado 28 de febrero el recién renovado presidente ruso, Vladimir Putin, avisara a la OTAN de que habría una guerra nuclearsi la Alianza enviaba soldados a Ucrania, la tensión entre ambos bloques ha ido aumentando. Tanto es así, que el pasado lunes, 18 de marzo, el líder del Kremlin, durante su baño de masas en la Plaza Roja de Moscú que sirvió como colofón a las elecciones, alertó de que "la Tercera Guerra Mundial está a un paso" debido a que "hay soldados de la OTAN combatiendo en Ucrania", algo que es cierto, sí, pero no del todo, puesto que las fuerzas especiales allí desplegadas realizan labores de supervisión del suministro de armamento y, en ningún momento, de combate terrestre.

Por todo ello, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, alertó el pasado domingo, durante una entrevista con el periódico "La Vanguardia", que "la amenaza de guerra es absoluta" y que "hoy en día, un misil balístico ruso puede llegar perfectamente a España", algo de lo que, a su juicio, "la sociedad no es del todo consciente".

Llamados a primera línea

Pese a que España cuenta con un ejército profesional, lo cierto es que la Constitución contempla en su artículo 30 el reclutamiento de la ciudadanía. "Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España", por lo que "podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general" y, a través de una ley, "podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública".

Sin embargo, el artículo 30.2 CE reconoce la objeción de conciencia como un derecho fundamental, por lo que, en base a ello, el reclutamiento forzoso no estaría permitido.

Aunque la interpretación de la norma sobre el reclutamiento forzoso de los españoles es bastante amplia y ambigua, lo cierto es que la Ley de Seguridad Nacional, reformada en febrero de 2022, puede permitir que esto suceda. Si bien es cierto que esta orden no recoge de manera explícita que los españoles deban ser movilizados en caso de guerra, sí que establece que se llevaría a cabo un planteamiento estratégico que involucraría de lleno a la sociedad civil.

Obligaciones militares

En caso de guerra, el Código Penal Militar establece que todos aquellos que se negasen a cumplir con las órdenes que dictasen las Autoridades Militares en situaciones de conflicto armado o estado de sitio, serán castigados con penas de tres medes y un día a seis años de prisión.

De esta manera, los potenciales ciudadanos que, en caso de guerra, serían llamados a las filas serían hombres y mujeres, con o sin experiencia militar, entre los 18 y los 53 años.