La industria de guerra de Cataluña: el mejor aliado de la República en la Guerra Civil Española

La carencia de armamento en el bando republicano impulsó una transformación industrial vertiginosa en Cataluña al inicio de la Guerra Civil. Antes de 1936, la región carecía de industria bélica propia, haciendo patente la urgente necesidad de material.

Tras el intento de levantamiento del 17 de julio de 1936, los trabajadores catalanes iniciaron la apropiación y autogestión de la mayoría de empresas y servicios. La CNT priorizó la lucha, y desde el 21 de julio, obreros armados incautaban industrias, marcando un modelo productivo sin precedentes.

El Comité Central de Milicias Antifascistas, con Juan García Oliver al frente de Guerra, solicitó apoyo al Sindicato Metalúrgico de la CNT. Eugenio Vallejo fue la figura clave del periodo, proponiendo un plan de producción.

El nacimiento de una industria bélica autogestionada

Organizaciones también fabricaron y repararon armas clandestinamente. Desconocían la dimensión industrial, siendo la primera experiencia mundial de autogestión. Talleres colectivizados producían ya armas portátiles, bombas y vehículos blindados, como los "tiznaos".

En agosto de 1936, se creó la Consejería de Defensa de la Generalidad, y un día después, la Comisión de Industrias de Guerra (CIG), dirigida por Josep Tarradellas. La CIG integró diversas personalidades, garantizando una visión transversal del proyecto.

Las primeras acciones de la CIG fueron la incautación de la industria metalúrgica y química, el control de la fabricación clandestina y el establecimiento de quince fábricas propias. El ambicioso plan de Tarradellas buscaba una inversión industrial de futuro para Cataluña.

Este esfuerzo bélico se cimentó en un pacto entre los obreros de la CNT y la burguesía industrial progresista de ERC. El 26 de septiembre, Tarradellas fue nombrado Consejero Primero, pasando la CIG a depender de Presidencia, donde operaban los Comités Obreros de Control.

En 1937, el equilibrio de fuerzas cambió con la incorporación del PSUC y UGT al Gobierno de la Generalidad. La CIG limitó su control a sus quince fábricas, y desde agosto de 1938, la República expropió las factorías, lo que supuso que la Generalidad perdió capacidad de intervención.

El movimiento de colectivizaciones tuvo un impacto notable en la industria catalana, con el 70 por ciento de las empresas pasando a ser colectivizadas. La CIG también intervino en grandes factorías confiscadas y una extensa red de talleres.

La creación de esta industria sufrió por problemas como la escasez de materias primas, financiación o falta de personal y energía. La obtención de divisas dependía del gobierno republicano.

Otro problema de calado fue la tensión en las competencias entre el gobierno de la República y la Generalidad por los encargos a las fábricas. Finalmente, el 5 de febrero de 1939, con la caída de Gerona, las industrias pasaron al control del nuevo gobierno franquista.