El Defensor del Pueblo archiva la denuncia por los submarinos nucleares británicos en Gibraltar

En apenas dos meses de investigación, el Defensor del Pueblo ha dado por cerrada la denuncia sobre la falta de un plan específico de seguridad y emergencia nuclear para la zona del Campo de Gibraltar por la presencia constante de submarinos atómicos británicos en la colonia. El Defensor del Pueblo Andaluz recibió el pasado 23 de marzo una queja por este motivo, pero el organismo que dirige el gaditano Jesús Maeztu delegó en su homólogo a escala nacional, Ángel Gabilondo, que ha dado por buenas las alegaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –que fue interpelado a través del Portal de Transparencia–donde se afirma que sí hay dos «planes de emergencia» ante sucesos nucleares en esa zona.

En el texto de Gabilondo, fechado el pasado 20 de junio, se alude en primer lugar al Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico (de 2015), responsabilidad del Ministerio del Interior, pero a juicio del reclamante de la información, Guillermo Rocafort, «no sería de aplicación porque el apartado 1.4.e) que se cita se refiere a emergencias nucleares localizadas en buques con propulsión nuclear fondeados en puertos españoles o transitando por el mar territorial y zona contigua», por lo que «no es el caso de la colonia de Gibraltar y su base de submarinos, que está ocupada ilegalmente por el Reino Unido, según varias resoluciones de la ONU». En su opinión, «evidentemente cuando los submarinos nucleares británicos están en la base naval de Gibraltar no están en un puerto español y tampoco están transitando por mares españoles y sus zonas contiguas, por lo que no se le podría aplicar el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico al que hace referencia el Consejo de Seguridad Nuclear en su respuesta al Defensor del Pueblo».

A continuación, el CSN menciona una Orden del Ministerio de Fomento del año 2014 que aprueba el Plan Marítimo Nacional ante la contaminación del medio marino que incluye entre los riesgos a tratar el nuclear; orden que es de aplicación a la «contaminación marina y de las costas». Para el abogado Rocafort «es evidente que «se trata de una orden de un alcance relativo y, por supuesto, no protege a la población y al terreno español que rodea la base de submarinos nucleares británicos en la colonia de Gibraltar».

Finalmente, el Consejo de Seguridad Nacional afirma que actuaría «siempre que se tenga noticia de situaciones de riesgo», facilitando «recursos especializados» y «recomendaciones» sobre «medidas de protección».

A juicio del peticionario, su reclamación ante el Defensor del Pueblo por «la desprotección nuclear en el Campo de Gibraltar se ha cerrado en falso porque es evidente que estos planes apenas se aplican a las situaciones de riesgo nuclear que generan los submarinos británicos en la zona cuando están en su base naval». Considera Rocafort que «España tendría que tener su propio plan específico de seguridad y de emergencia nuclear para la zona del Campo de Gibraltar, como Reino Unido lo tiene para la colonia de Gibraltar y todas las zonas colindantes a sus bases de submarinos nucleares en el Reino Unido, pero no lo tenemos».

En el pasado ha habido alguna protesta del Gobierno español ante la presencia de los submarinos de propulsión nuclear que atracan en el Peñón, objeto de reiterados avisos de alarma por parte del colectivo ecologista Verdemar, que los considera «bombas flotantes» que ponen en serio riesgo a la población a ambos lados de la Verja. Desde Verdemar alertan de que «una avería o un atentado tendría consecuencias catastróficas para la gente que vivimos en La Línea, en San Roque, Algeciras, en definitiva en el Campo de Gibraltar o en el Estrecho». Por este motivo, para Rocafort «es importante que las autoridades españoles autonómicas y locales tomen nota del peligro de la situación en unos momentos de tensión internacional por la Guerra de Ucrania, el incremento de la presencia de submarinos nucleares británicos en Gibraltar y por la tirantez creciente entre España y Reino Unido por la colonia y el comportamiento de sus autoridades».