Delegación del Gobierno prohíbe el tráfico y las manifestaciones en el entorno del Supremo

La medida se ha adoptado por seguridad tras evaluar un informe de la Policía Nacional.

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibirá cualquier tipo de manifestación o protesta y cerrará al tráfico el entorno del Tribunal Supremo durante el juicio del «procés» que empieza mañana en la capital.

Esta decisión ha sido adoptada por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, tras conocer un informe de cuatro folios de la Policía Nacional acerca de la necesidad de adoptar tal medida para salvaguardar la seguridad en la zona durante el proceso. Así, las calles aledañas a la sede del Alto Tribunal se verán afectadas por estos cortes, que se van a prolongar en la capital durante los tres próximos meses, periodo previsto para el juicio. La Plaza Villa de París, las calles Bárbara de Braganza, General Castaños, Marqués de la Ensenada y Orellana van a estar sometidas a estas restricciones a la circulación y a cualquier manifestación o acto de protesta, según ha sabido este periódico. En este sentido, ya han sido prohibidas sendas manifestaciones que pretendían llevar a cabo el colectivo de funcionarios de Prisiones y el PDeCAT, heredero de la antigua CiU.

Los responsables del Ministerio del Interior, Policía Nacional y Delegación del Gobierno han diseñado el dispositivo de seguridad para el juicio contra los líderes soberanistas. El operativo movilizará a centenares de agentes, entre efectivos de subsuelo, servicios de información, guías caninos y, sobre todo, miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios), de los que habrá en un escenario tan sensible unos 200 efectivos.

Este dispositivo se desplegará en los alrededores del Tribunal Supremo, muy próximo a la Audiencia Nacional y a la sede del PP –situada en la calle Génova–, una zona que estará especialmente vigilada a lo largo de la vista. La UIP será la parte más visible del amplio dispositivo policial.

Interior espera, al menos durante las primeras sesiones, una multitudinaria presencia en la calle de partidarios de los encausados, pero también de grupos de carácter ultra. La medida adoptada pretende que ninguno de estos manifestantes pueda tener acceso a las inmediaciones del edificio y establecer un cordón de seguridad que permita, además, mantener separados a los congregados de diferente ideología.

El veto se ha extendido a la cadena autonómica TV3, que quería instalar un plató en Villa de París, pero el permiso se ha denegado alegando motivos de seguridad.

Tal es la magnitud de los dispositivos de medios de comunicación que se desarrollarán alrededor del juicio que el Supremo se ha visto obligado a adaptar sus instalaciones para acoger a los más de 600 periodistas acreditados de 170 medios nacionales e internacionales, de los que el Alto Tribunal calcula que unos 250 trabajarán en su interior, sobre todo los días en que tengan lugar los interrogatorios.

Además de la afluencia de periodistas y de la seguridad, el Tribunal Supremo también deberá gestionar la llegada del público asistente al Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio. Solo 100 personas podrán entrar: veinticuatro serán familiares (dos por cada acusado), una veintena periodistas (que irán rotando según transcurran las jornadas) y el resto se destina a quienes quieran acudir a las sesiones.