El delegado del Gobierno en Madrid utiliza la no imputación de Bolaños para frenar la suya

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, amplía el recurso que mantiene interpuesto, ante la Audiencia Provincial de Madrid, para pedir el fin de su imputación en el «caso Begoña Gómez», según ha podido saber en primicia LA RAZÓN.

La Abogacía del Estado, que ejerce su defensa en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, incluirá en su alegación la resolución mediante la que el Tribunal Supremo (TS) rechazó investigar la responsabilidad del ahora ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en que la alto cargo de Moncloa Cristina Álvarez hiciese gestiones de la actividad profesional privada de la esposa de Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado había reclamado al alto tribunal que investigase a Bolaños por un delito de malversación de caudales públicos porque era el secretario general de la Presidencia del Gobierno, cuando Álvarez fue contratada para ser la asistente de la pareja del jefe del Ejecutivo.

El delegado pretende que los magistrados madrileños tengan en cuenta que el Supremo apuntó a que era necesario, para abrir causa, la existencia de indicios de que Bolaños hubiese sido conocedor de que los «caudales públicos» que pagaban el sueldo de Álvarez se estuviesen destinando «a un fin para el que no estaban previstos». En este caso, a gestiones vinculadas a la cátedra extraordinaria que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El TS aclaró que «el simple hecho de ocupar un cargo público», el de máximo responsable de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, no es suficiente para incoar una indagación judicial, por mucho que Álvarez dependiese formalmente de este departamento como directora de Programas.

El delegado del Ejecutivo central en la región madrileña defenderá ante la Audiencia de Madrid que su situación es análoga a la del ministro socialista, con relación a la trabajadora investigada.

Y, por tanto, no hay muestras de que pueda tener una supuesta responsabilidad en la malversación de fondos estatales bajo investigación en esta pieza separada del procedimiento en torno al desempeño de la alto cargo.

«La mera detención de un cargo público y el desarrollo de sus funciones no puede suponer una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo», resolvió, concretamente el TS, en el mes de julio.

Fue antes, a principios del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid imputó a Martín tras observar «indicios» de su «participación» en el nombramiento de la asesora, que se produjo el 11 de julio de 2018. En ese momento, Martín ya estaba en Presidencia, pero como director del gabinete técnico de la Secretaría General que encabezaba Bolaños.

Pero también pasó a estar investigado por el juez Peinado por haber sido el «superior jerárquico» entre julio de 2021 y marzo de 2023, periodo al que corresponden los mails, obrantes en el sumario de la causa, en que Álvarez se dirigía a la UCM o a empresas privadas que financiaron la extinta cátedra extraordinaria.

Está pendiente que la instancia superior al instructor se pronuncie sobre si avala que siga adelante la indagación en si el delegado del Gobierno en Madrid pudo incurrir también en la malversación por la que, de igual forma, se investiga a la propia Gómez y a la asesora.

La acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír, ya se opuso a que se le desimputase, insistiendo en que hay indicios de que Martín habría «permitido el uso de una trabajadora pública para tareas privadas, en perjuicio del interés general y sin que mediara causa funcional justificada». «No solo tenía la capacidad formal de impedir este desvío de funciones, sino que también tenía el deber jurídico de hacerlo».