El Ejecutivo asegura que el Gobierno vasco y central trabajan a "contra reloj" para los traspasos

Después de que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu diera un toque de atención al Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado jueves reclamando que transfiera ya al País Vasco las competencias de inmigración -que ha pedido Junts- y que el portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, apremiara ayer al Gobierno reclamando que tiene tres meses es decir; hasta que acabe el mes de marzo, para llevar a cabo lo acordado en el pacto de investidura además de reclamarle más "seguridad jurídica y estabilidad" tras la convalidación, desde el Gobierno central aseguran que trabajan "contra reloj".

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha asegurado que los las Administraciones vasca y central trabajan "contra reloj" para materializar los traspasos comprometidos en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y PNV, y ha confiado en que se produzcan novedades "cuanto antes", porque "se está avanzando". En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Ep,

Según ha puntualizado, el Gobierno "es precisamente, el garante de la seguridad jurídica de las leyes que emanan" y, por esta causa, "se hace difícil negociar con él". "Porque el Gobierno se pone serio cuando se intentan rebasar determinadas barreras que puedan generar inseguridad", ha manifestado.

El delegado del Gobierno ha admitido que "las cosas hay que hacerlas con seguridad jurídica", pero esta "lleva tiempo" porque implica "contraste permanente de los documentos de carácter jurídico, técnico y financiero, para que no venga nadie con la mira puesta en disparar a todo lo que se mueva en materia de autogobierno y lo pueda llevar al Constitucional". "El Gobierno tiene todo el interés en velar por la seguridad jurídica de los acuerdos", ha añadido.

Denis Itxaso ha indicado que, si la alusión a la seguridad jurídica se refiere a "esa caricatura que se pretende hacer sobre los acuerdos y el modo en que se alcanza" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado que "la fragmentación política hay que gestionarla y gobernarla".

"Cuando uno tiene cuatro o cinco socios y son dispares, y pueden tener miradas distintas en términos ideológicos y culturales o en el ámbito económico, uno tiene, no solo que alcanzar un acuerdo con un socio de forma unilateral, sino conseguir que todos los demás estén de acuerdo con ese pacto alcanzado con ese socio en particular", ha explicado.

Por ello, ha precisado, el Ejecutivo central tiene que "amalgamar muchas propuestas, que pueden parecer muy distintas y muy diversas, en paquetes que todo el mundo se vea concernido en apoyar". "Este Gobierno tiene gimnasia, tiene hecho ya un recorrido, conoce cuáles son los intereses, las vocaciones y las inquietudes de cada grupo político y trata de hacer ese trabajo, muy complicado, de generar adhesiones a esos decretos", ha argumentado.

Además, ha advertido de que "uno puede tener una postura de oposición al Gobierno pero, con las cosas del comer, la gente no perdona que se juegue".

En su reflexión sobre el tema competencial, Denis Itxaso ha sostenido que "no todo se explica simple y llanamente por el nivel de poder que uno tenga, sino por cómo lo comparte con otros, cómo gestiona el que ya tiene y cómo desarrolla las competencias que uno tiene ya asignadas".

Presos

En referencia a la manifestación desarrollada este sábado en Bilbao por Sare en apoyo a los presos de ETA y por la aplicación de la legislación penitencia ordinaria, el delegado del Gobierno del País Vasco aseguró que a los presos de ETA ya se les aplica la política penitenciaria ordinaria desde que la banda abandonó la actividad terrorista. "Quien no quiera ver que durante los últimos años se han producido cambios muy significativos... hay que estar ciego para no verlo".

En este sentido, Itxaso ha defendido que esto es lo que se está produciendo desde hace tiempo ya que, una vez que terminó la actividad terrorista, se dejó de aplicar la política antiterrorista y se aplica "la legalidad ordinaria en el campo penitenciario". Así, ha subrayado que eso es lo que ha permitido que la política de dispersión haya finalizado y se haya producido un acercamiento tanto a cárceles del País Vasco como a cárceles "aledañas". "Eso es lo que ha sucedido como consecuencia de la aplicación ordinaria de la legalidad penitenciaria vigente", ha insistido.

No obstante, ha advertido que, tanto cuando la competencia estaba en manos del Gobierno central como ahora que está en manos del Gobierno Vasco, la legalidad penitenciaria establece que cuando se aplica un avance de grado esté sujeto "no solamente a los informes de la junta de tratamiento de las cárceles, sino que luego hay una vigilancia legal o judicial".

Además, Itxaso ha reconocido que hay elementos que son "subjetivos" de tal modo que "incluso en la justicia cuando se dirimen o se toman decisiones se evalúan elementos que son subjetivos".

"Si un reo ha dado determinados pasos que puedan recomendar un avance de grado y así lo recomienda una junta de tratamiento, luego el criterio del juez de vigilancia o de la Fiscalía o de la Audiencia Nacional puede no coincidir con ese criterio; ahí hay elementos subjetivos. ¿Ha habido un acto de contrición? ¿Ha habido realmente un reconocimiento del daño causado? ¿Ha habido pasos? Pues en algunos casos sí y en otros no", ha planteado.