El delegado del Gobierno, investigado junto a mandos policiales por el uso de gases lacrimógenos en Ferraz

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha abierto diligencias previas por el presunto delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, los mandos policiales que ejecutaron sus órdenes y demás personas que resulten criminalmente responsables de los hechos, tras una denuncia por la forma de reprimir las protestas convocadas la tarde-noche del lunes 6 de noviembre ante la sede del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz de la capital.

Los delitos de los que se les acusa son disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral.

La magistrada titular, Josefa Bustos, considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Recuerda el fallo, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que “miles de españoles” decidieron “expresar su desacuerdo con la amnistía planteada abiertamente por el presidente en funciones, mediante concentraciones ante sedes del PSOE, por toda la geografía nacional, amparados en el ejercicio de los derechos de concentración, reunión y manifestación”.

La denuncia, interpuesta por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces, apunta que fue “a partir de las 20 horas” de aquella jornada cuando “se produce la carga de policía [...] llegando a utilizarse gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos”.

Recuerda el escrito de denuncia asimismo el comunicado del 7 de noviembre del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), en el que “exigía el cese del delegado del Gobierno en Madrid” y culpando al Ejecutivo de una “utilización partidista" para "reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente", recordando que se han vivido situaciones "bastante más graves" en materia de orden público. UFP ponía como ejemplo las "célebres manifestaciones de 'Rodea el Congreso' y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional" de Vía Layetana con motivo del 'procés'. Y asegurando que en esas ocasiones las órdenes eran "aguantar" mientras que en Ferraz se había ordenado "la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se usaban". Defiende este sindicato que la Policía "está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político, no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Y eso es lo que ayer se hizo". A este comunicado “le sucedía, en la misma línea”, el del sindicato Jupol.

“De todo lo anterior", recoge el fallo, "se colige que tristemente, la sala de coordinación de mando, a cuyo frente se sitúa el delegado de Gobierno, contravino los protocolos de actuación, entre otras por utilización de gas lacrimógenos”.

Según el texto, “las normas internas de intervención policial, establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas", sino sólo ante agresiones "violentas" a la fuerza interviniente. Además, las órdenes contemplan que su lanzamiento "sólo está previsto para situaciones de emergencia".

El auto recoge además que, "según distintos medios de comunicación, la orden dada, lleva a los agentes actuantes a la aplicación desproporcionada del protocolo de intervención, provocando con su actuación toda una serie de lesionados que precisaron de asistencia médica, quedando al resultado de los oficios para evaluar el resultado de esta intervención".

La juez cita "en calidad de perjudicado" al denunciante, para que "ratifique la denuncia y se le realice el oportuno ofrecimiento de acciones", e insta a recibir declaración "a todas las personas denunciadas". Y que se libre oficio al SAMUR a fin de que "remita los informes de las personas que fueron atendidas por cargas policiales y uso de botes lacrimógenos el pasado lunes 6 de noviembre de 2023, entre las 20 horas hasta terminar su intervención".

En un comunicado, Raíces ha destacado que "miembros de la policía de paisano blandieron barras extensibles de acero con las que golpearon a los ciudadanos de la manifestación, a pesar de que la normativa aplicable lo prohíbe, así como que las UIP dispararon pelotas de goma a la cara, dieron palizas en los callejones del barrio y procedieron a cometer todo tipo de abusos policiales".

La acción penal va a ser ampliada con nuevos vídeos y hechos de los que dispone esta asociación al objeto de "procesar" al delegado del Gobierno y "los mandos policiales que actuaron brutalmente contra miles de pacíficos manifestantes".

La Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces "no descarta en su momento iniciar un procesamiento contra el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, último responsable de la violencia y brutalidad policial desplegadas".