La derecha europea se alía contra la amnistía

Esta semana, en la que termina el último plazo que PSOE y Junts se han dado para la ley de amnistía, los populares europeos aprovecharán su congreso, que se celebra en Bucarest (Rumanía), para aprobar una resolución de condena presentada por el PP español e incorporarla a su doctrina justo antes de las próximas elecciones europeas. No ha habido ninguna enmienda al texto por lo que se aceptará en su integridad. En este congreso también se aprobará oficialmente la candidatura de Ursula von der Leyen a la Presidencia de la Comisión Europea, con la aspiración de repetir un segundo mandato.

La resolución sobre la defensa del Estado de Derecho de la Unión Europea incorpora en uno de sus puntos la referencia a «las graves consecuencias de la propuesta de ley de amnistía en España, su intencionalidad y las acciones políticas que han llevado a su aprobación». Textualmente señala que «esta ley supone la impunidad total para los delitos relacionados con el movimiento secesionista, ha sido redactada por sus propios beneficiarios y entre los delitos contemplados se incluyen delitos de relevancia europea como la malversación de fondos y terrorismo, y supondrá el cierre de la investigación judicial existente sobre la injerencia de Rusia en el intento secesionista, según ha declarado el Parlamento Europeo».

Esta alianza de la derecha europea coincidirá previsiblemente con la formalización del acuerdo sobre la amnistía de Moncloa con Carles Puigdemont, justo después de la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de considerar que hay indicios para investigar por terrorismo el «caso Tsunami», lo que ha dado pie a los de Junts a sostener que esto ha hecho aún más necesario que el pacto se sostenga sobre la llamada «amnistía plena», es decir, que incluya todos los delitos de terrorismo. Los independentistas también exigen que se incluya la traición al Estado, para lo que han pactado una transaccional con el PNV a fin de meter más presión. El consenso pasa porque también se tengan en cuenta las exigencias de ERC.

En su reunión de Bucarest, el PPE validará que la amnistía atenta contra la independencia judicial al proponer la supervisión parlamentaria de las resoluciones judiciales, «como han criticado unánimemente la judicatura española y los profesionales del Derecho». Pero más relevante que este duro diagnóstico es el punto que incluye textualmente una petición a la Comisión Europea para que examine minuciosamente la ley por la que se hace borrón y cuenta nueva en el expediente delictivo de todo el secesionismo.

Una vez que la ley de amnistía sea aprobada en el Congreso de los Diputados comenzará un duro pulso con la Justicia española y europea que dilatará su aplicación, y el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende incorporar en la batalla contra la amnistía a todas las instituciones europeas, también a la Comisión que hoy preside Von der Leyen, y que el PPE espera que siga dirigiéndola a partir de junio y durante los próximos cinco años. Al presentar oficialmente su candidatura en el congreso de su formación política, Von der Leyen, ex ministra de Defensa alemana, se convierte inmediatamente en la favorita, ya que se prevé que el PPE obtenga el mayor número de escaños en las próximas elecciones.

La resolución «golpea», asimismo, en uno de los puntos más frágiles de la amnistía a nivel europeo, el de la injerencia rusa en el «procés» independentista, una línea roja para la Unión que puede complicar más las expectativas de Puigdemont que la causa abierta contra Tsunami Democràtic por terrorismo.

El congreso del PPE reúne a los líderes de los partidos miembros y durante él se discuten temas relevantes para la UE y se establecen estrategias y políticas comunes. De ahí la importancia que tiene que en la agenda entre la cuestión de la amnistía. En la resolución impulsada por el PP español se hace referencia también a la independencia judicial, «incluidas las salvaguardas contra las interferencias políticas». El PP de Feijóo está haciendo campaña en Bruselas contra el Gobierno de Sánchez precisamente por esta razón, utilizando para ello los ataques a los jueces del Supremo y también al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Asimismo, ésta es la última razón en la que se apoya el PP para condicionar la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (GCPJ) a que vaya acompañada de una reforma legal que blinde la independencia judicial, y que el PSOE rechaza en el punto que afecta al sistema de elección de los jueces.

Por cierto, aprovechando el congreso del PPE, Esteban González Pons, vicesecretario de la familia popular europea, llevará al Plenario la ponencia sobre agricultura que busca dar respuesta al malestar del campo con la política comunitaria. El PP quiere convertirse en referente en el ámbito de la Unión de la defensa de las reclamaciones de los agricultores, en una batalla con gran relevancia también política porque aquí se disputarán en buena medida las próximas elecciones europeas del 6 al 9 de junio. Este tema puede ser también determinante para ver si la llamada «mayoría Von der Leyen», conformada por socialistas, populares y liberales, mantiene la mayoría absoluta en la Eurocámara ante el crecimiento de los grupos ultraconservadores (ECR, por sus siglas en inglés) y de extrema derecha (ID). Ya en clave estrictamente doméstica, el liderazgo en clave europea del malestar del campo contra la política comunitaria será determinante en la competencia electoral entre el partido de Feijóo y Vox.

Una norma que «socava la independencia judicial»

La resolución es rotunda en los puntos 64 a 74, en los que se dice, entre otras cosas: «Deploramos la propuesta de ley de amnistía en España, las acciones políticas que llevaron a su aprobación y sus posibles consecuencias para Europa». «Ofrece impunidad para delitos relacionados con el movimiento secesionista, que ha sido considerado contrario al Estado de derecho y rechazado por instituciones de la UE». Una norma que «socava la independencia judicial al proponer medidas parlamentarias de supervisión de las sentencias de los jueces», y cuyo articulado «ha sido criticado unánimemente por el poder judicial español». «Como partido comprometido con el Estado de derecho en línea con los valores europeos, no podemos pasar por alto acciones que amenazan los principios jurídicos fundamentales y la separación de poderes dentro del marco jurídico de la UE. Pedimos un escrutinio minucioso».