El TC desoye a Ayuso y rechaza suspender el impuesto a las grandes fortunas

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos que interpusieron la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que entró en vigor el pasado diciembre, pero -como ya hizo frente a la petición del Gobierno andaluz de Juanma Moreno- ha rechazado la suspensión cautelar de una medida con la que, se queja el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Madrid dejará de ingresar al menos 6.200 millones de euros.

El Pleno del tribunal de garantías se ha opuesto a la suspensión del impuesto -que solicitó Madrid, pero no Galicia- acogiéndose a la reiterada doctrina del TC que considera que solo el Gobierno central, y no los ejecutivos autonómicos, puede suspender una norma con rango de ley, como sucede en este caso con la Ley 38/2022 de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid alegó que la citada ley podría vulnerar, entre otros, el artículo 23.2 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica, los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad consagrados en el artículo 31.1 de la Carta Magna, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Por su parte, la Xunta de Galicia impugnó igualmente la constitucionalidad del impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas pero, a diferencia del recurso madrileño, no solicitó la suspensión de la norma.

El Pleno del TC ha desestimado el recurso de súplica que presentó el Ejecutivo de Juanma Moreno contra la decisión del tribunal de garantías de denegar la petición de suspensión cautelar del citado impuesto. En su resolución, el Constitucional explica que la denegación de la medida cautelar responde a la "manifiesta falta de cobertura legal", en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, "de una decisión de suspensión de la eficacia o la ejecución de las leyes estatales". Así, explica que "la resolución apropiada para denegar la solicitud realizada por el recurrente era la providencia, pues el sentido de la decisión del tribunal era únicamente el de constatar, sin más, la imposibilidad jurídica a priori de proceder del modo interesado" por la Junta de Andalucía, "sin que hubiera por tanto, posibilidad alguna de entrar a dar respuesta a los argumentos esgrimidos a favor de su adopción". La decisión adoptada era, subraya, "una consecuencia automática del régimen legal aplicable".

Andalucía, también en contra

Tanto el Gobierno madrileño como los Consejos de Gobierno de Andalucía y Galicia consideran que la normativa vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas y las disposiciones de la Carta Magna sobre al cesión de tributos a las autonomías. La Comunidad de Madrid argumentó que el impuesto a las grandes fortunas invade su autonomía financiera al dejar sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio que contempla la normativa regional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Una ley que, defendió en un comunicado "reconoce la potestad de las comunidades autónomas para gestionar los tributos cedidos por el Estado". Además, se queda de que el controvertido impuesto -que según sus estimaciones hará caer hasta en 1.600 millones de euros al año la inversión extranjera en la región- "genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional".

En esa misma línea, Andalucía denunció al llevar al TC su rechazo al impuesto de que la tasa a las grandes fortunas supone "un ataque frontal a la autonomía". "No nos preocupa excesivamente la recaudación, nos preocupa la invasión de competencias y el efecto huida", defendió entonces Carolina España, consejera de Economía del Ejecutivo de Juanma Moreno.