El TC despeja el camino para abordar la eutanasia

El Tribunal Constitucional (TC) ha despejado el camino para el debate de la eutanasia o de la Ley Celaá, garantizándose el quórum necesario para poder resolver ambos asuntos, que el presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido, considera prioritario sacar adelante para intentar poner al día al tribunal de garantías lo antes posible. Como ya hiciera con el recurso contra la ley del aborto de 2010, el Pleno del TC ha rechazado las recusaciones planteadas por PP, Vox y Cs que comprometían el ejercicio de esa función jurisdiccional (actualmente, y a la espera de que el Senado elija al sustituto de Alfredo Montoya, una vacante pendiente de cubrir desde julio del pasado año).

Por un lado, el Pleno ha inadmitido las recusaciones instadas por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso para intentar apartar al exministro Juan Carlos Campo y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez –los dos magistrados elegidos por el Gobierno, que acaparan el grueso de incidentes de recusación– del debate y resolución por parte del tribunal de los recursos contra la Ley Celaá, la ley de la eutanasia o la reforma que, desde marzo de 2021, impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos (lo que ha sumido al Tribunal Supremo en una delicada situación, con casi una veintena de vacantes sin cubrir).

Los magistrados consideran que esas recusaciones se han presentado «fuera de plazo» (Campo y Díez tomaron posesión el pasado 9 de enero y fueron recusados el 31 de ese mismo mes, una semana después de que concluyera el plazo de diez días para intentar apartarlos de algún asunto). La composición del Pleno, subraya el tribunal, es «pública, notoria e invariable» desde que los magistrados toman posesión de sus cargos.

También a salvo el debate de la reforma de la sedición

El PP recusó a Campo por su pasada condición de diputado y titular de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a Díez, los populares expusieron que fue directora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de Presidencia entre febrero de 2020 y abril de 2022.

Del mismo modo, el Pleno ha inadmitido de plano las recusaciones que impulsó Vox para dejar a Campo, Díez, el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido y la magistrada progresista María Luisa Segoviano de la deliberación del recurso que presentó la formación de Santiago Abascal contra la reforma penal que ha eliminado el delito de sedición y ha rebajado las penas para la malversación cuando no hay ánimo de lucro. Para el tribunal, la recusación supondría «una paralización inaceptable de las funciones» del TC «ante la que debe salvaguardar el ejercicio de su propias jurisdicción».

Ratifica la abstención de Campo en 14 asuntos

Los magistrados sí han aceptado las abstenciones instadas por el exministro Campo en relación a 14 asuntos (objeto de 19 recursos) bien por haber sido diputado socialista o por su paso por el Ministerio de Justicia.

Como exparlamentario, tendrá que quedarse al margen en el debate de los recursos contra el régimen jurídico del Consejo de Administración de RTVE y los decretos que impulsaron las medidas urgentes en materia de seguridad de la Administración digital o para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Y en su condición de exministro de Justicia, Campo no participará tampoco en la deliberación sobre la constitucionalidad de la Ley Celaá (en este caso su abstención no compromete el quórum) y sobre la resolución de diversos recursos contra la «Ley Ryder», el ingreso mínimo vital, medidas contra el fraude fiscal y la fiscalidad energética y la tarifa del agua, entre otros.