Matanza de Atocha: Así fue la peripecia de García Juliá desde su fuga hasta su detención, 24 años después

A Carlos García Juliá le quedan por cumplir en España 3.855 días de condena (diez años y medio), según la orden de detención internacional cursada en 2017.

Carlos García Juliá, detenido el miércoles pasado en la ciudad brasileña de Sao Paulo por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en Madrid en 1977, estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Carlos García Juliá ha sido localizado en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol.

Desde su desaparición en Bolivia, donde fue encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico, se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

Tras su fuga, la Policía siguió diferentes vías de investigación que situaban a García Juliá en Sudamérica y, aunque resultó imposible conocer la identidad que estaba utilizando por las extremas medidas de seguridad que empleaba, comprobó que se movía por dichos países y que no dudaba en tomar vuelos para desplazarse por esos territorios.

García Juliá, que tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, estaba buscado por las autoridades judiciales españolas desde 1994 tras haber sido condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.

Le quedan por cumplir en España 3.855 días de condena (diez años y medio), según la orden de detención internacional cursada en 2017 por la Audiencia Nacional y consultada por Efe.

Esta es la cifra que aparece en la última orden de arresto que dictó el tribunal que condenó a García Juliá a 193 años de cárcel, de los cuales en la práctica solo debe cumplir el máximo legal de 30 años, según recoge también esta orden internacional de detención.

Tras el crimen pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido el 11 de marzo de 1977 e ingresó en prisión hasta la celebración del juicio y fue condenado por la Audiencia Nacional a la pena referida.

En 1991 se le concedió la libertad condicional, en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España y desde entonces se mantuvo desaparecido al no comparecer ante un requerimiento judicial formal de diciembre de ese año.

En 2017 se emitió una orden internacional de detención, momento en el que se iniciaron las gestiones más intensas para dar con el paradero de García Juliá.

La investigación determinó que podría estar en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde residiría fugado bajo la identidad de un ciudadano venezolano.

El pasado mes de julio, gracias a la cooperación internacional, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española.

En ese momento se iniciaron las gestiones de solicitud para su extradición y, tras cotejar las huellas dactilares y corroborar que se trataba de la persona buscada, se pusieron en marcha las gestiones documentales para ejecutar su detención y extradición a España.

El español, que en la actualidad tiene 65 años, está bajo custodia de la Policía Federal, cuyo superintendente en Sao Paulo tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el viernes junto con policías españoles que participaron en la operación para dar los detalles sobre la captura y sobre su posible extradición, dijo a Efe una fuente de la embajada.

El director de la Fundación Abogados de Atocha, Francisco Naranjo, ha exigido que García Juliá cumpla en España lo que le queda de los 193 años de prisión y ha cuestionado el interés de las autoridades españolas en detenerle.

Naranjo ha reconocido que el juicio sobre la matanza de Atocha tuvo "sus luces y sus sombras", fue "ejemplar"en el sentido de "sentencia ejemplar"pero al mismo tiempo hubo "un juez muy cercano a los acusados, que les concedía muchos permisos".

Sobre el "escaso interés"de las autoridades españolas en detenerle, Naranjo ha recordado que Juliá era un delincuente y relacionado con las drogas. "No creo que fuera tan difícil de encontrar"ha precisado.

Naranjo ha insistido en que no está claro que se pueda reclamar que Juliá venga a España a cumplir su condena "y más con la situación política de Brasil"y por ello, "la acusación particular ya está investigando".

Cada año, el 24 de enero, la Fundación Abogados de Atocha recuerda en Madrid los cinco asesinatos con actos en la plaza de Anton Martín, donde una escultura, "El Abrazo", de Juan Genovés, rinde memoria a los abogados muertos y las víctimas del atentado.

Carlos García Juliá nació en Madrid en 1955. Hijo de un militar, intentó ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza sin conseguirlo y cumplió su servicio militar como paracaidista en el Sáhara.

Desde muy joven estuvo vinculado a Fuerza Nueva y solía acompañar al líder de ultraderecha, Blas Piñar, en sus desplazamientos. Fue miembro de su servicio de seguridad y del de Raimundo Fernández Cuesta.

El 21 de octubre de 1979 participó junto con el también ultraderechista Luis Magaña, en un intento de fuga con el secuestro durante 12 horas del director de dicha cárcel, de su familia y de un funcionario.

Más tarde fue trasladado a la cárcel de Villanubla, Valladolid, y en diciembre de 1984, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid le concedió un permiso navideño. A las pocas horas de su permiso fue detenido en Madrid y trasladado a la cárcel de Carabanchel, al suspender la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la concesión del permiso.

El 23 de septiembre de 1991, fue puesto en libertad condicional, tras pasar catorce años en prisión, por haber tenido una conducta intachable.

Durante su estancia en la cárcel estudió Psicología, Dirección de Empresas e idiomas. Y una vez en libertad, montó la empresa de seguridad "García y Febrel Asociados", con su socio y amigo, Jaime Febrel y Simon.

El 29 de septiembre de 1992, pidió perdón públicamente a los familiares de las víctimas del caso Atocha.

Dos años más tarde el 1 de diciembre de 1994, el juez José Luis Castro autorizó a García Juliá a residir y trabajar en Asunción (Paraguay). Pero el 9 de diciembre, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, recurrió esa decisión del juez. Y el 25 de enero de 1995, el juez Castro le dio un plazo de un mes para que regresara y arreglara su situación después de haber anulado su decisión inicial de autorizarle a cumplir la libertad condicional en la capital paraguaya.

Sin embargo, según publicó la prensa, ya estaba en Asunción el 6 de septiembre de 1994, fecha en la que se presentó en la Embajada de España en Asunción, donde se inscribió como transeúnte, y envió una copia del contrato laboral a España.

Al parecer, el 12 de agosto había solicitado en la Audiencia Nacional su traslado por una oferta laboral, y a continuación se trasladó a Paraguay con un contrato de gerente de la naviera Traflumer.

El 16 de mayo de 1996, fue detenido junto a otros dos españoles por la policía antidroga de Bolivia.

Carlos Garcia Juliá, fue apresado cuando se encontraba en un hotel, en poder de un kilo de cocaína, 10.000 dólares, 3.000 pesetas y 80 francos. Posteriormente fue recluído en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz del Rosario, Bolivia, acusado de dirigir una banda de traficantes de cocaína entre Bolivia, Estados Unidos y Europa.

En 2001 la Audiencia Nacional, a petición de Izquierda Unida, solicitó la extradición de García Juliá. La Audiencia Nacional ha mantenido abierto la petición de arresto para García Juliá al objeto de que cumpla en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.

El año pasado la Audiencia Nacional de España actualizó ante el Ministerio de Justicia la petición de extradición de García Juliá que había sido enviada al Gobierno de Bolivia, en donde se suponía que se escondía el prófugo.

Cronología de la matanza de Atocha

24 enero de 1977.-Pasadas las 10 y media de la noche, tres pistoleros de extrema derecha entran a cara descubierta en un bufete laboralista situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Al parecer, buscaban al responsable del entonces ilegal sindicato de transportes de Comisiones Obreras (CCOO), Joaquín Navarro, quien poco antes había abandonado el despacho. Al no dar con él, decidieron matar a quienes estaban en ese momento allí. Son asesinadas cinco personas.

Empezaron disparando al administrativo Angel Rodríguez Leal, que murió en el acto, y después reunieron y ametrallaron a las otras ocho personas que se encontraban en el piso -siete abogados y un estudiante de Derecho-, todas ellas vinculadas al Partido Comunista y a CCOO.

Luis Javier Benavides y Enrique Valdevira murieron en el acto, en tanto que Francisco Javier Sauquillo y el estudiante Serafín Holgado fallecieron horas después en el hospital.

Cuatro personas resultaron gravemente heridas, pero lograron sobrevivir: Dolores (Lola) González Ruiz -casada con Sauquillo-, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta y Luis Ramos Pardo.

12 de marzo de 1977.-Son detenidos los autores materiales del atentado: Carlos García Juliá, José Fernandez Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, miembros del autodenominado Comando Hugo Sosa, vinculado a la Alianza Apostólica Anticomunista; así como el entonces secretario provincial del sindicato vertical del Transportes de Madrid, Francisco Albalejo. Pero hay otros cuatro implicados más.

1979-.- Fallece uno de los encausados, Simón Ramón Fernández Palacios.

.-Le es concedido un permiso a otro de los implicados, Fernando Lerdo de Tejada, circunstancia que éste aprovecha para huir.

Febrero de 1980.-Se celebra el juicio y la sentencia condena como autores materiales a Fernández Cerrá y a García Juliá a 193 años de prisión para cada uno .

1985.- Francisco Albadalejo, condenado a 73 años como inductor y encubridor de los asesinatos fallece en la prisión de Valladolid.

Septiembre de 1991.-García Julia consigue la condicional y luego un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo, que después se le revocó, aunque ya no regresó.

1992.-Cerrá es excarcelado.