Diez familias desesperadas por que los centros cumplan con el bilingüismo

La semana que viene comienzan las clases en la mayoría de centros españoles. Estos días toca prepararse. Mientras los colegios se ponen a punto, las familias preparan a sus hijos para la vuelta al cole, aunque no va a ser tan sencillo para algunas familias que viven en Cataluña. Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica, sigue muy de cerca el caso de diez familias a las que la Justicia catalana dio la razón el pasado mes de enero e impuso medidas cautelares para el curso que comienza: «Todavía no sabemos qué decisión van a tomar los centros, las familias han matriculado a sus hijos como cada año a la espera de que cumplan con la orden judicial», afirma Caja. Sin embargo, una de las familias, por miedo a que su hijo mayor tenga que seguir cursando sus estudios exclusivamente en catalán, ha decidido enviarle fuera. Son de origen galo y «han optado por enviarle a Francia a terminar la enseñanza obligatoria». Llevan más de ocho meses esperando una respuesta y «no esperamos que la cumplan, como no lo han hecho con las nueve sentencias anteriores que nos daban la razón», insiste el presidente. Y es que judicializar la inmersión lingüística no ha ayudado mucho a la mayoría de familias que han optado por esta vía. Algunas han tardado más de siete años en obtener una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo y, para entonces, «sus hijos ya habían terminado los estudios y los habían cursado en catalán». Por eso las familias intentan evitar la denuncia, «saben que les ponen más presión a sus hijos y que no les lleva a nada». Cuando la Justicia les ha obligado a imponer el bilingüismo tras la denuncia de algún padre, «la Generalitat les amenaza con la atención individualizada. Una medida discriminatoria que separa a los niños en una esquina». Otro incumplimiento de la normativa, ya que el bilingüismo debe establecerse en todo el aula, no marginando al menor que exija este modelo educativo, «al que tiene derecho». Desde Convivencia Cívica imploran a la Justicia que obligue a la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, a seguir las decisiones judiciales, aunque «ella ha dicho en varias ocasiones que no piensa ejecutarlas, por eso pedimos que la procesen», afirma Caja. La última vía que ha planteado la Justicia catalana es pedir un informe al director de uno de los centros para ratificar si se cumple o no la enseñanza en los dos idiomas oficiales. «Debe entregarlo antes del 9 de septiembre y aún no lo ha hecho».

El caso de Cristina Pérez, que avanzó ayer LA RAZÓN, no es el único. «Varias familias han cogido sus bártulos y se han ido, ocultas bajo el anonimato», añade Caja.