Dignidad y Justicia pide la dimisión del fiscal general del Estado y acusa al Gobierno de influir en la institución

La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta petición se produce después de la polémica de estos últimos días por el cambio de criterio del fiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo, que desvinculó a Carles Puigdemont de los indicios de terrorismo en los actos de Tsunami Democràtic. La entidad también acusó la "intervención del Ejecutivo en una institución clave".

En su informe, el fiscal Redondo solo apreció desórdenes públicos, coacciones, daños y falsedad documental en las protestas de Tsunami.

Pero hoy, la Junta de fiscales de lo Penal del alto tribunal ha contradicho su dictamen por una amplia mayoría al considerar que sí hay indicios suficientes para imputar por terrorismo al expresidente de la Generalitat, tal y como reclama el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón. Doce fiscales de un total de 15 ven indicios de terrorismo y once cree que sí se debe imputar a Puigdemont por delito de terrorismo.

"El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debe dimitir", señala la organización en un comunicado y mostró su satisfacción por que la Junta de Fiscales haya apoyado investigar a Puigdemont por terrorismo, "como ha reclamado insistentemente la acusación particular ejercida por Dignidad y Justicia". La organización recordó que el fiscal Redondo también estaba de acuerdo con este punto de vista en su primera interpelación.

Para Dignidad y Justicia, el cambio de postura obedece "a una orden política dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su fiscal general del Estado".

También acusó al Ejecutivo de ceder a las exigencias de "los independentistas catalanes de Junts, pero también a los vascos de Bildu".

Sobre este partido político, la asociación de víctimas también recordó que el fiscal Carlos García-Berro rechazó la petición de Dignidad y Justicia en la causa por los homenajes a los presos para que el juez cite a declarar a Joseba Azkarraga, responsable de al responsable de la red de apoyo a los presos de ETA Sare. En este caso, sostiene el comunicado, "no reclaman amnistiar a sus dirigentes, sino sacar a todos los presos de ETA de la cárcel".

La asociación sostiene que ha planteado en esta causas que existen conexiones entre abogados del entorno de ETA y organizaciones de familiares de presos con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. "El fiscal García-Berro, sin embargo, optó por arremeter contra Dignidad y Justicia y el juez instructor", que es el mismo de Tsunami, el magistrado Manuel García-Castellón. Y le acusa de intentar "frenar la investigación contra Sortu".

Para Dignidad y Justicia, esta negativa a indicios delictivos en el caso de Junts y en el de Sortu refleja "un interés del Gobierno, que utiliza la Fiscalía General del Estado, por satisfacer las peticiones de sus socios parlamentarios".