Dignidad y Justicia pide que se multe a Gonzalo Boye por "mala fe" al intentar apartar al juez de Tsunami Democrátic

Dignidad y Justicia ha pedido que se imponga una multa al abogado Gonzalo Boye en la causa contra Tsunami Democrátic. Cree que ha cometido una "palmaria" mala fe procesal en la recusación que ha planteado contra el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por criticar la amnistía. En esta causa, Boye representa a Josep Lluís Alay, hombre de confianza de Carles Puigdemont, pero también ejerce como abogado del expresident de la Generalitat en otros procedimientos.

La asociación, que es acusación particular, ha presentado un escrito en el que afirma que la recusación "es absolutamente improcedente". Aseguran que se han planteado "partiendo de una falacia" la intentar "hacer creer a las partes y al propio instructor su conocimiento de la causa de recusación en fecha posterior a la que realmente fue". Con esta maniobra, el escrito sostiene que ha intentado eludir el sometimiento a los plazos para plantearla.

La recusación, según la asociación, sería "extemporánea", por lo que debería rechazarse de plano dado que antes de plantearla, el abogado de Alay supo de otro incidente de recusación, el planteado por el empresario Oriol Soler, por esas mismas manifestaciones sobre la amnistía. De este modo, señalan, el abogado Boye contó con un plazo de tres días "para adherirse, oponerse o plantear otra causa de recusación, y es a ese plazo al que quedó sujeto".

Para Dignidad y Justicia, la recusación planteada por la defensa de Alay "es una reiteración" de la de Soler, con argumentaciones "vagas, abiertas e imprecisas". Esta actuación sustentaría "la palmaria mala fe" que hay detrás del incidente de recusación contra García Castellón y asegura que su objetivo es "obstaculizar y entorpecer" la tramitación de la causa que investiga a Tsunami Democrátic, con una "clara finalidad dilatoria" y siguiendo "intereses ajenos" a los de su defendido. Por todo ello, solicita a la sala que imponga una multa a "la parte recusante" y el pago de las costas.

El magistrado García Castellón está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, que podría asumir esta causa debido a los indicios de participación como coordinador del expresident catalán Carles Puigdemont en los graves altercados que se afectaron al aeropuerto de El Prat de Barcelona y al paso de la Junquera cuando se conoció la sentencia del juicio del "procés". Puigdemont está aforado debido a su cargo de eurodiputado.