Poder Judicial

La dimisión en bloque se desinfla entre el sector progresista del CGPJ

Los vocales de la minoría no se ponen de acuerdo sobre una renuncia colectiva para forzar la renovación del Consejo

La posible dimisión en bloque promovida por el vocal Álvaro Cuesta, exdiputado socialista, para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no convence a sus compañeros progresistas. La cuestión está ya incluida en el orden del día del Pleno de la institución que se celebra mañana, por lo que los vocales de la minoría pretendía con la reunión de ayer aunar una posición común de cara a esa sesión plenaria. Pero lo cierto es que, como se esperaba, lo único que se ha evidenciado es que la maniobra no cuenta ni siquiera con el respaldo mayoritario del sector progresista, según las fuentes consultadas.

Fundamentalmente, porque no existe ninguna garantía de que la espantada de esos ocho vocales (los seis elegidos a propuesta del PSOE y la designada por IU, con los que suele alinearse Enrique Lucas, en su día candidato del PNV) precipite el marasmo del Consejo del Poder Judicial, hasta hacer inevitable la ansiada renovación. En este escenario, la medida –aunque indudablemente supondría un aldabonazo que haría retumbar de nuevo la insólita situación que vive el CGPJ– no llevaría a su paralización y a un inevitable relevo que, en todo caso, sigue dependiendo del acuerdo entre PSOE y PP, que parece cada vez más lejano con las elecciones municipales y autonómicas a solo dos meses vista y la convocatoria de las generales en el horizonte.

Por un lado, existen notables discrepancias sobre el hecho de que, ante un CGPJ con solo diez vocales, no se pueda alcanzar el quórum para constituir el Pleno de la institución (la condición de interino de Mozo siembra dudas al respecto). Y, en todo caso, el Consejo podría seguir funcionando a través de la Comisión Permanente (que precisa únicamente de siete vocales), recuerdan las fuentes consultadas.

Una vocal ya ha renunciado

Así las cosas, el bloque progresista acudirá dividido al Pleno respecto a esa pretendida dimisión en bloque. De momento, sí se discutirá la renuncia –anunciada por carta al presidente en funciones el pasado día 13– de la vocal progresista Concepción Sáez (elegida a propuesta de Izquierda Unida), que invocó la «insostenible» situación que vive el CGPJ para renunciar al cargo. En esa misiva, la consejera consideraba «inútil jurídica y políticamente» su permanencia en el puesto ante lo que prevé una «irreversible degradación» de la institución, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación.

Fuentes del bloque conservador cuestionan abiertamente la iniciativa, que califican de «salida de tono de Álvaro Cuesta» y dudan incluso de que el exdiputado del PSOE acabe presentando su renuncia. «¿Cómo es posible que promueva una dimisión colectiva y, al mismo tiempo, no dimita?», se preguntan.

Además del vocal Enrique Lucas, los vocales del grupo minoritario que se oponen a esa renuncia en bloque son –según fuentes del CGPJ– el presidente en funciones, Rafael Mozo, y los también vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas. Estas dos últimas, al igual que Lucas, no asistieron el pasado viernes a la reunión de grupo convocada por Cuesta para tratar este asunto.

Abandono de función pública

Desde el sector mayoritario se apunta incluso que, de llevar adelante esa espantada colectiva, los vocales concernidos podrían incurrir en un delito de abandono de función pública, un espantajo al que no parecen dar ningún crédito desde el bloque progresista.

Una posible dimisión en bloque ya se ha puesto sobre la mesa periódicamente por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). La última vez, el pasado sábado, cuando su portavoz, Ascensión Martín, reclamó «la inmediata dimisión de todos los vocales del CGPJ». En opinión de la agrupación progresista, «es la única forma de recuperar la dignidad de la institución, que no puede seguir indefinidamente en funciones, pese al mandato constitucional de que su duración sea de cinco años». JJpD considera que «la iniciativa de Álvaro Cuesta debería secundarse por los vocales de cualquier signo».