Un documento localizado por la UCO sitúa a Santos Cerdán como propietario del 45% de una empresa implicada en los amaños

La UCO localizó en el registro al domicilio del empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar, una escritura privada de compraventa de participaciones por la que cedía el 45% de esta empresa investigada por la presunta trama de mordidas, a Santos Cerdán. El documento, que ambos firmaron el 1 de junio de 2016, refleja que se transfirieron 1.350 participaciones sociales al exdirigente socialista de las 3.000 que constituyen la sociedad.

La Guardia Civil también se incautó de 16.180 euros que este constructor atesoraba en su vivienda familiar de Elorrio (Vizcaya), además de medio centenar de documentos repartidos en varias estancias de la casa, un teléfono móvil, un ordenador portátil y un pendrive. Del mismo modo, localizaron dos facturas emitidas por Noran Corop (una corporativa que Antxón y Koldo García constituyeron en 2015) a Servinabar, cada una de las cuáles reflejaba la misma cuantía de 79.678,50 euros. Del mismo modo, y según se desprende del acta de los registros a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, también se llevaron libretas manuscritas.

Los agentes pusieron el foco en Servinabar 2000 por su implicación en los supuestos amaños de construcciones de obra pública que investiga el Tribunal Supremo. En concreto, sospechan que crearon esta pequeña empresa familiar, a cuyo frente se sitúan Antxón Alonso, para concurrir a contratos públicos a través de una UTE con Acciona. El ya conocido como "informe Cerdán" identifica, en concreto, dos grandes proyectos vinculados la firma de Antxón: el contrato de Geocali para la construcción de la mina en Sangüesa y la adecuación del pabellón deportivo Navarra Arena en Pamplona.

Santos Cerdán, dueño de la empresa clave

El documento localizado en el domicilio de Antxón refleja que Santos Cerdán entró en el capital de Servinabar, comprando casi la mitad de la constructora, en 2016, esto es, un año antes de ser nombrado secretario de coordinación territorial del PSOE. Junto con estos papeles, la UCO encontró también abundante documentación material que Antxón tenía en el maletero de su Audi Q5 negro. Del mismo modo también se registró la sede social de Servinabar 2000, ubicada en Pamplona, y de la que la Guardia Civil se llevó principalmente legajos de documental y dispositivos de almacenamiento.

Las entradas y registros forman parte del operativo que lanzó la Guardia Civil el pasado 10 de junio tras adherir al sumario el último informe de la UCO. El magistrado Leopoldo Puente autorizó un total de nueve registros, entre los que destacaron el del domicilio personal de José Luis Ábalos. El foco se puso también en las tres empresas identificadas en este último oficio policial que habrían recibido adjudicaciones de obra pública tanto del gobierno navarro como del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones. Se trata de Acciona, Levantina Ingeniería y Construcciones (LIC) y Obras Públicas y Regadíos.

Entre la ingente cantidad de documental intervenida por los agentes destaca también documentación requisada a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra y La Rioja, relacionada con unas obras en la vivienda de Joseba García. Se trata de documentos sobre la obra efectuada por Mer Construcción, constructora que representa Fernando Merino, en su vivienda de la localidad alicantina de Polop de la Marina. El hermano de Koldo García también está investigado en el caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional.

Obras en la vivienda del hermano de Koldo

En este registro, los agentes encontraron decenas de documentos sobre contratos de Mer con otras constructoras, entre las que se encuentra Acciona y Servinabar. Además, atesoraba numerosa documental sobre la UTE Pabellón Navarra Arena (identificada por la UCO por las presuntas irregularidades con las obras de este pabellón deportivo), y otra documentación relacionada trabajos del metro de Málaga o las obras de circunvalación Sur de Motril.

Además, Merino atesoraba 24 tarjetas de visitas de diversas empresas como Azvi, Dalkia, Geoalcali y Murias Construcciones. Precisamente esta última fue una de las mercantiles a las que apuntó Víctor de Aldama en su comparecencia en sede judicial en diciembre, en el marco de la cual desveló este presunto sistema de adjudicaciones irregulares en el Ministerio de Transportes a cambio de un porcentaje fijo de comisiones que se repartieron entre los investigados.