Los documentos del golpe del 73 contra Salvador Allende, secretos

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) valida la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de que divulgar la información desclasificada por España sobre el golpe de Augusto Pinochet en 1973 –que fue entregada a las autoridades chilenas el pasado 5 de septiembre–provocaría un perjuicio en las relaciones exteriores de España con este país.

Así lo ha determinado el CTBG en una resolución «desestimatoria» que responde a la reclamación del abogado Guillermo Rocafort ante la negativa de la cartera de José Manuel Albares a facilitar unos documentos que «todos los españoles tenemos derecho a conocer», según el peticionario de la información.

Exteriores respondió ante el Consejo de Transparencia que «la entrega de la documentación podría suponer un perjuicio para las relaciones exteriores españolas, tanto por la naturaleza de la documentación, como por el significado diplomático que tiene el acto de entrega de dicha documentación a las autoridades chilenas». Este último gesto lo enmarca en «los actos de conmemoración del cincuentenario del golpe de 1973, como una muestra de la amistad entre España y Chile»,y considera que al hacerse en el ámbito de «esa relación bilateral, la publicación por parte española, sin que conste que la parte chilena la haya hecho pública, podría dañar dicha relación» hasta convertirse en «un irritante en la relación bilateral». Ya que, en su opinión, «no se puede deducir que la documentación se haya hecho accesible por las autoridades chilenas».

Apela el ministerio «a la naturaleza» de una «documentación que emana del ámbito diplomático», por lo que, «como señaló el propio Consejo en resoluciones anteriores, es un ámbito que exige cautela, prudencia y discreción». Además de que «se produce en el contexto de la política de España hacia Iberoamérica y hacia Chile, contexto siempre complejo y sensible».

«Consciente de la necesidad de dar la justificación requerida de la amenaza para las relaciones exteriores» ante el CTBG, Exteriores asegura que «es difícil» de «detallar sin revelar o insinuar el contenido de esos documentos». Especialmente porque se trata de «documentación rica en detalles y con referencias a distintas personalidades y a las opiniones, tanto de nacionales españoles como chilenos, así como de terceros países y nacionalidades, incluyendo posicionamientos políticos de terceros estados».

El ministerio reitera que «no consta, como pretende el solicitante, que la documentación entregada haya sido “desvelada a todo el mundo”, pero muestra, no obstante, su «disponibilidad para que, en el caso de que [el interesado] tuviera constancia de que las autoridades chilenas han facilitado el acceso de la documentación a los historiadores, nos lo comunique y solicite de nuevo el acceso a esta documentación, para que revisemos la petición».

Sin embargo, y a la vez que la cartera de Albares mira a los responsables chilenos, estos delegan el primer paso en los emisores de la documentación que fue entregada coincidiendo con la conmemoración del asalto al Palacio de la Moneda. Así lo desveló el digital «Interferencia» tras contactar con la Misión de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que recibió los textos desclasificados por parte de Carmen Montón (PSOE), embajadora de España en la OEA. La respuesta fue que «corresponde que el contenido de dichos documentos sea dado a conocer públicamente por España, tal como lo hizo Estados Unidos a fines de agosto de este año [2023], ya que se trata de información desclasificada por ese Gobierno».

El peticionario de los datos considera que «la entrega de los documentos españoles reservados sobre el golpe de Pinochet tiene un carácter selectivo e ideológico, pues principalmente se ha hecho de un Gobierno de izquierda como el de Pedro Sánchez a otro de ultraizquierda como el de Gabriel Boric, pero luego ha impedido que esa información sea compartida con la opinión pública española».

En su opinión, que el Consejo de Transparencia «haya validado esta tesis de mantener en secreto documentación entregada sin condiciones, que se sepa, a Chile» implica que «puede hacer un uso político e ideológico contra España cuando aquí haya un Gobierno de otro tinte ideológico».

Según Rocafort, «es evidente la necesidad de regular más claramente la desclasificación selectiva de documentación al extranjero pues carece de sentido que los investigadores españoles no podamos tener acceso a esta documentación y sí en cambio los ciudadanos chilenos».