Caso ERE
Dos ex concejales del PSOE facturaron para el «conseguidor» Lanzas
Carmelo Gómez, miembro del Comité Federal, y José Antonio García trabajaron en su entramado societario
SEVILLA- Los ex concejales socialistas de Sevilla Carmelo Gómez y José Antonio García trabajaron para empresas vinculadas con el ex sindicalista Juan Lanzas, en prisión desde marzo por su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya. Ello puede desprenderse del último atestado elevado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juzgado de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Los investigadores detallan las relaciones comerciales entre distintas personas jurídicas y algunas de las mercantiles del entramado empresarial empleado por Lanzas «para canalizar las ganancias» que obtenía «de su labor como 'conseguidor'» de los ERE, apartado en el que se menciona a Gómez y a García.
En relación al primero, en la actualidad parlamentario andaluz del PSOE y miembro del Comité Federal de la formación, los agentes de la UCO sostienen que trabajó para Maginae Solutions, sociedad de la que habría percibido retribuciones como empleado por cuenta ajena por un importe global de 21.323,57 euros entre los años 2003 y 2007.En cuanto a García, el Instituto Armado sostiene que éste trabajó para la sociedad Al Andalus Mass Media Channel de la que habría recibido una cuantía total de 9.321,65 euros, también en calidad de trabajador por cuenta ajena, en su caso entre 2007 y 2008. Cabe recordar que el ex concejal del PSOE fue ex presidente de Mercasevilla y tuvo que dimitir de sus responsabilidades al ser imputado en 2005 por un caso de facturas falsas del Distrito Macarena de la capital hispalense. Permaneció imputado durante toda la instrucción y llegó a estar procesado hasta justo antes de iniciarse el juicio. La Fiscalía finalmente retiró su acusación.
Según han desentrañado ya los investigadores, Lanzas creó Maginae Solutions y puso al frente a su cuñado Ismael Sierra para «encubrir su actividad delictiva y dotar a sus actos de una mayor apariencia legal», como consta en el atestado de la UCO. En él se puede acceder al relato de un empleado que trabajó con el conseguidor en un ERE del Grupo Rumasa. Éste asegura que Lanzas recibía los pagos por su mediación en billetes grandes de 200 o 500 euros y confirma que intervino como asesor o mediador en diversos expedientes de regulación de empleo.
En relación a Aglomerados Morell, el que fuera su administrador mancomunado y presidente del Consejo de Administración de la entidad, Jorge Andrés Morell Villete, declaró en sede policial el 9 de octubre, que «la comisión que Lanzas le pedía a cambio de conseguir las subvenciones públicas –de la Junta de Andalucía– era para pagar favores a aquéllos que tenían que concederlas, considerando que también debía realizar pagos a cargos intermedios».
Es más, añadió que el conseguidor de los ERE llegó a pronunciar frases como: «A ver si tú te crees que trabajo solo» o «tú no sabes lo que tengo que pagar y engrasar para conseguir estas subvenciones». En la compañía con la que operaba, los agentes han incluido a Carmona y García. No en vano, la juez se ha referido a Lanzas en sus autos como el «verdadero artífice de la constitución de distintos entramados societarios» o el «nexo común en varias de las diferentes líneas de investigación».
Los sindicalistas admiten el pago de comisiones
Los dos dirigentes sindicalistas Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz, y Roberto Carmona, ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC OO-A, detenidos en la segunda fase de la operación «Heracles», abandonaron pasadas las 00:30 horas de ayer en libertad con cargos los juzgados de Sevilla, entre aplausos y gritos de «libertad». Los investigadores acusaban a Mera y Carmona de haber negociado directamente con el dueño de la consultora Uniter, José González Mata, una comisión destinada a las aseguradoras de los sindicatos a nivel nacional, Temiqui y Atlantis, «con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma». Ambos reconocieron ante la juez Mercedes Alaya que propusieron a González Mata «el cobro de determinadas cantidades por los servicios que se habían prestado». En concreto Carmona matizó que «no fue una reclamación sino una solicitud». Y añadió que «si el señor González Mata no hubiera aceptado» hubiese «seguido trabajando con normalidad», según consta en el acta de su declaración. Según el ex sindicalista de CC OO, «fue él el que se avino a pagarle unas cantidades por los trabajos propios del sindicatos». Preguntado por la juez si los sindicatos cobraban a los empresarios determinados porcentajes de comisión por las tareas sindicales que desarrollaban contestó que «unas veces sí y otras no». A cuestiones del Ministerio Fiscal explicó que en los expedientes con los que estaba vinculado fue «a partir de 2001» cuando «se comenzaron a cobrar comisiones». De hecho, ligó el primero de esos pago con el expediente de la Faja Pirítica de Huelva. Según Alaya UGT y CC OO habrían cobrado de Uniter y Vitalia 7.648.815,71 euros.
La imagen de Roberto Carmona
La imagen publicada el día 9 de octubre de 2013 bajo el epígrafe de Roberto Carmona no se corresponde con él, sino con don Juan Díaz Alonso. Éste último no tiene nada que ver con la operación policial Heracles abierta en Sevilla, ya que se trató de un error a la hora de identificar a Roberto Carmona.
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