Dos policías heridos en una protesta de Tsunami respaldan la "innegable" investigación por terrorismo

Dos policías nacionales que resultaron heridos durante los disturbios provocados por Tsunami Democràtic en la huelga general convocada en Cataluña el 18 de octubre de 2019 han pedido a la Audiencia Nacional que no cierre la investigación por terrorismo que mantiene abierta el juez García Castellón en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado que la causa -una de las que quedarán en papel mojado por la ley de amnistía- se remita a los juzgados de Barcelona al apreciar únicamente desórdenes públicos.

En el escrito, la defensa de los dos agentes -que ejerce el despacho Fuster-Fabra- respalda la decisión del instructor al considerar la misma "perfectamente acertada y plenamente congruente" con el procedimiento abierto por terrorismo en octubre de 2019. Y es que, resalta, los objetivos de alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional, característicos del terrorismo, afloran "de manera innegable en en el marco de las investigaciones de la organización Tsunami Democràtic".

Y es que los letrados entienden que a la vista del curso de la investigación -que ha llevado a García Castellón a pedir al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont por terrorismo y a investigar, entre otros, a la dirigente de ERC Marta Rovira- "no es ninguna novedad" que el instructor advierta indicios de la comisión de delitos de terrorismo, competencia de la Audiencia Nacional.

La defensa de los dos policías se posiciona así en contra del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía. En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, su representación letrada señala las "contradicciones manifiestas" que atribuye a la Fiscalía que no ve indicios de terrorismo y le recuerda que el pasado julio mostró "un punto de vista totalmente distinto" cuando argumentó que los hechos investigados -los disturbios impulsados por Tsunami contra la sentencia del "procés" en octubre de 2019- eran "susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo".

En esa resolución, el fiscal se opuso a que la investigación se trasladase a los juzgados de Barcelona, como pidió uno de los imputados.

"Contradicción palmaria y llamativa"

Para la defensa de los agentes ese cambio de criterio se trata de una "contradicción palmaria y llamativa" teniendo en cuenta que a posteriori "no ha existido una sola diligencia de investigación que pudiera dar motivo o argumento para representar un giro en la tesis del Ministerio Público" debido a "motivos jurídicos"

"Es cierto que han existido motivos “extra procesales” y situaciones totalmente ajenas al poder judicial", sostienen los letrados, "que han podido suscitar intereses en algunos actores de la sociedad o incluso del poder ejecutivo". Pero eso, recalca la defensa, "no es una argumentación, ni motivación jurídico-lógica para aquellos que, en el marco de la independencia judicial, deban tomar las decisiones sobre elementos que se están investigando".

De ahí que considere "sorpresiva" y "sorprendente" la actual conclusión de la Fiscalía de que no aprecia indicios de terrorismo, y se refiera al informe de la Guardia Civil del pasado 2 de noviembre que acredita concluye que detrás de los actos cometidos por Tsunami Democràtic -entre ellos la toma del aeropuerto del Prat o el bloque de la AP-7 en La Junquera, que produjeron cuantiosas pérdidas económicas- había una "coordinación, estabilidad en el tiempo, pluralidad de personas previamente concertadas y reparto de funciones".

"Organización previa" y "coordinación"

"Todas las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic -subrayan los letrados- han requerido de una organización previa, ordenada y de coordinación entre todos los integrantes" de la plataforma.

Por este motivo, los dos agentes defienden que la decisión de García Castellón de continuar la investigación por terrorismo se encuentra debidamente fundada "en las razones por las que deben calificarse los hechos objeto de la causa como constitutivos de delito de terrorismo y no rompe en ningún caso la línea

investigadora, asi como el relato fáctico y la fundamentación jurídica de todas las decisiones que ha ido tomando" el instructor.

Una decisión que, además, "queda claramente demostrado y soportado por jurisprudencia y doctrina totalmente consolidada".

Los dos agentes sufrieron graves lesiones durante los disturbios protagonizados por la plataforma y uno de ellos, incluso, se ha visto forzado a jubilarse prematuramente a los 45 años a consecuencia de las mismas.