Edificios, seguridad y personal de Casa Real, bajo la Ley de Transparencia

Gobierno y Zarzuela confirmaron ayer que llevan alrededor de dos meses trabajando en la inclusión de la Casa del Rey en la Ley de Transparencia. Esta negociación tomó consistencia sobre todo a partir del acuerdo parlamentario en materia de regeneración democrática que impulsó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Debate del Estado de la Nación, que se celebró a finales de febrero.

Según confirmó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en línea con lo apuntado por la Jefatura del Estado, la decisión es que todas las partidas administrativas de la Casa del Rey estén sometidas a la nueva ley, en trámite en el Congreso de los Diputados. Es decir, que, por ejemplo, se podrán conocer todos los contratos y servicios vinculados a la Casa del Rey y que dependen de distintos departamentos ministeriales. La norma no tiene efecto sobre el reparto que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos hace de la asignación presupuestaria que cada año recibe para el mantenimiento de su familia, y que está blindada por la Constitución. En su artículo 65 establece que la dotación del Rey se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que el Rey administra y distribuye libremente. Las retribuciones directas de los miembros de la Familia Real apenas suponen el 9% del total de la asignación que Don Juan Carlos recibe anualmente de los Presupuestos.

Pero sí se verán afectadas por la nueva regulación todas las demás cuestiones que dependen de la Administración Pública. Como el personal de la Casa del Rey, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia. Zarzuela, en la publicación de sus presupuestos aporta datos genéricos sobre los incentivos de los empleados de la Casa, que alcanzan los 2,6 millones de euros, pero no detalla las nóminas de altos cargos funcionarios y personal de la Casa, 20 personas en total, o los 353 empleados cuyo sueldo base pagan otros ministerios pero trabajan para la Casa.

Los edificios de la Familia Real, que dependen de Patrimonio Nacional; la seguridad y vigilancia, que conciernen a Interior; y todos los demás servicios que los Ministerios prestan a la Jefatura del Estado. En algunos ejercicios, la Ley de Presupuestos sí ha especificado algunas de esas partidas. En 2012, las cuentas de Presidencia del Gobierno incluyeron una partida para «Servicios a la Corona y actos de Estado», que ascendía a 9,58 millones y otra de 6,16 millones de apoyo a la gestión de la Jefatura de Estado. Otro 40% de la de la asignación que percibe la institución se destina a gastos corrientes en bienes y servicios, que para 2013 hay presupuestados 3,2 millones de euros.

La vicepresidenta explicó ayer que el límite en esta negociación lo ha marcado, precisamente, la Carta Magna y, en particular, su Título II. También subrayó que la Casa Real ha sido parte activa en todo momento y que ha mostrado una «absoluta colaboración».

Desde el Gobierno recuerdan que otros Casas Reales, como la británica o la noruega, han sido excluidas de sus normas en materia de transparencia. Y destacan que en el caso español la decisión es utilizar la nueva ley como soporte para regular aquellas cuestiones que quedan fuera del marco constitucional, «que hay que respetar en todo caso».

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, informará a los demás grupos parlamentarios del principio de acuerdo para buscar su apoyo en el trámite parlamentario. El PSOE ya ha anticipado que celebra la decisión de que Zarzuela reciba en la Ley de Transparencia el mismo trato que otras instituciones, que no son Administración Pública, como el Congreso y del Senado.

El aforamiento del príncipe, en la agenda del gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo está abierto a escuchar la opinión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien afirmó que le preocupa la falta de «aforamiento» del Príncipe Don Felipe, como ya adelantó LA RAZÓN. Al ser preguntada si el Gobierno está pensando en incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se está redactando en la actualidad, algún tipo de aforamiento para la Familia Real y en concreto para el Príncipe Don Felipe, tal y como ha sugerido en alguna ocasión el Fiscal General del Estado, Sáenz de Santamaría aseguró que el Ministerio Fiscal tiene un papel muy importante en la redacción de las Leyes, que están sometidas a su informe. Por ello, aseguró que el Ejecutivo está «abierto a escuchar su opinión sobre estos temas» de los que dijo que entran dentro de la competencia del Fiscal y también «sobre cualquier otra cuestión en una Ley que es amplia, complicada, y que ya tiene siglos, con numerosas reformas y que es necesario actualizar».