El 99 por ciento de los procesos de desahucio es de la etapa del PSOE

Un problema añadido en la complicada toma de decisiones políticas en materia de desahucios y ejecuciones hipotecarias es la falta de transparencia por parte de las entidades financieras.

Un problema añadido en la complicada toma de decisiones políticas en materia de desahucios y ejecuciones hipotecarias es la falta de transparencia por parte de las entidades financieras. Hay una barrera de opacidad sobre la que ha intentado imponerse el Banco de España con un estudio y la proyección sobre las cifras ofrecidas por cada entidad. Estos datos revelan varias cuestiones bastante significativas. Por de pronto, según estos datos oficiales, sólo el 1 por ciento de los procesos de desahucio se inició en 2012. El 70 por ciento comenzó entre 2009 y 2010; y el 87 por ciento, entre 2009 y 2011.

El PSOE ha reconocido el error que cometió en su etapa de Gobierno por legislar en favor de los bancos y no para poner diques al drama de los desahucios. De hecho, durante su etapa de mandato, los socialistas rechazaron todas las propuestas en esta materia que presentaron en el Parlamento otras formaciones de izquierda. El argumento era que la cuestión estaba ya resuelta jurídicamente. El informe del Banco de España señala que el número de desahucios en vivienda habitual entre enero y octubre de 2012 fue de 14.368, lo que supone un 0,3 por ciento del número de hipotecas estimado a partir de los datos de la Central de Información de Riesgos. La estimación para 2012, realizada por proyección lineal, es de 17.242 desahucios. Un 83 por ciento de las viviendas estaban vacías en el momento del desahucio. Es decir, que la mayoría de los procedimientos corresponden a locales de negocio, mientras que se estima que sólo el 10 por ciento de las ejecuciones hipotecarias pendientes a finales de 2012 correspondían a primera vivienda.

De no haberse aprobado ya las primeras medidas para parar los lanzamientos de los colectivos más vulnerables, las previsiones para 2013 se elevaban por encima de los 22.000 desahucios. Pero esa cifra es hoy imposible de calcular porque hay que corregirla con los efectos del real-decreto ley con el que el Gobierno anunció la paralización del lanzamiento (la última fase del desahucio) durante dos años para aquellas familias con especial vulnerabilidad.

El organismo supervisor señala que hay diferencias significativas entre las entidades con respecto a este dato. Un grupo de ellas prevén crecimientos moderados (sobre el 10 por ciento), pero hay otras que se sitúan en tasas de crecimiento superiores al 250 por ciento. Esto confirma la urgencia del real decreto ya aprobado y de que se activen cuanto antes las demás iniciativas que se están tramitando en el Congreso para modificar la legislación hipotecaria.

El Ministerio de Justicia sólo tiene datos de ejecuciones resueltas, lo que incluye todo tipo de ejecuciones hipotecarias, no sólo de primera vivienda. Al estar resueltas, en principio la mayoría de ellas ha acabado en desahucio. De acuerdo con estos parámetros, los datos reflejan que el número de ejecuciones resueltas creció un 19,39 por ciento en 2011, frente a un 16,37 por ciento en 2012.

La Ley Hipotecaria actual es de 1909, pero ha sufrido reformas a lo largo del tiempo. El Gobierno confía en que la reforma actualmente en tramitación llegue al Senado en dos semanas, una vez que se ha ampliado hasta el viernes el periodo de enmiendas al proyecto que fusiona la propuesta del Ejecutivo y la Iniciativa Legislativa Popular que abandera la plataforma que dirige Ada Colau. El borrador incorpora más de 50 enmiendas de todos los grupos «en su espíritu o parcialmente».

La oposición duda de que exista margen para poder modificar la propuesta llegada del Gobierno, por lo que ya anuncia que tras la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) retomarán sus acciones parlamentarias presentando nuevas iniciativas en línea con la dación en pago, informa Ep.